Defensoría del Pueblo: Autoridades de los tres niveles de gobierno deben tomar medidas para proteger a pueblos indígenas

La Defensoría del Pueblo reiteró hoy la necesidad de garantizar los derechos humanos de los 25 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), que han sido identificados hasta la fecha en nuestro país, en atención a su extrema vulnerabilidad inmunológica y biológica frente a enfermedades epidémicas comunes que pueden ser portadas y transmitidas por cualquier persona que sea ajena a su entorno y que pueden ponerlos en grave riesgo de muerte.

“Corresponde al Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, cautelar los derechos de los pueblos en aislamiento, quienes por su especial situación y condición no pueden abogar por ellos mismos, por lo que su protección cobra una vital importancia en las acciones de nuestras diversas autoridades de manera permanente”, anotó la jefa del Programa de Pueblos Indígenas, Nelly Aedo.

La entidad ha sostenido reuniones con organizaciones indígenas regionales, a fin de recoger sus perspectivas y preocupaciones, donde solicitaron el respeto por los principios de no contacto e intangibilidad de los territorios donde se encuentran los pueblos en situación de aislamiento.

Como se sabe, en Loreto se encuentra la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, que alberga a los pueblos indígenas Matses, Remo (Isconahua), Marubo y otros pueblos no identificados. Además, se encuentra en trámite la solicitud de creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim ante el Ministerio de Cultura.

En ese contexto, los días 16 y 17 de noviembre último, la Oficina Defensorial de Loreto llevó a cabo reuniones con representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Originarios y la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre del Gobierno Regional, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y de la Dirección de los Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura en Loreto, con la finalidad de recoger las necesidades y expectativas de este sector de la población.

Aedo indicó que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales para la defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, continuará realizando acciones de supervisión a la administración pública competente respecto a la atención de los derechos de la población PIACI, tanto a nivel nacional como regional.