Defensoría del Pueblo: solo 5 regiones tienen ordenanzas que sancionen el acoso sexual callejero

En  la Semana contra el Acoso Sexual Callejero, que se conmemora anualmente en la segunda semana de abril, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación debido a la poca voluntad política que demostraría la mayoría de autoridades regionales frente  a esta grave problemática, pese a que la ley que obliga a que adopten medidas contra esta forma de violencia se encuentra vigente desde hace nueve años. En ese sentido, resulta urgente que se actúe ante la necesidad de implementar medidas preventivas en salvaguarda de las niñas, adolescentes y mujeres adultas de todo el país, quienes son las principales víctimas.

En efecto, pese a que la Ley 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, fue aprobada en 2015 y en su artículo 7 se establece la obligación de los gobiernos regionales, provinciales y locales de incorporar medidas de prevención y atención de esta forma de violencia sexual, hasta la fecha solo 5 regiones (Amazonas, Huancavelica, La Libertad, Puno y Tacna) han cumplido con aprobar ordenanzas contra el acoso sexual callejero.

Para la Defensoría del Pueblo, esta situación es preocupante si se tiene en cuenta que gran parte de las regiones que aún no cuentan con dichas ordenanzas se encuentran comprendidas dentro de aquellas con mayores índices de acoso sexual en espacios públicos. Efectivamente, de acuerdo a los reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), correspondientes a 2023, Lima Metropolitana, La Libertad, Arequipa, Loreto, Cusco, Lima Provincias, Áncash, Huánuco, Piura, San Martín, Ica, Junín, Lambayeque y Callao concentraron las mayores cifras, con un total de 400 casos.

En el caso de Lima, las autoridades de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y representantes de distintos gremios han puesto sobre el debate la necesidad de evaluar medidas efectivas frente a las altas cifras de casos de acoso sexual en el servicio del corredor del Metropolitano. Sin embargo, también resulta necesaria la adopción de medidas que garanticen el adecuado cumplimiento del Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte Terrestre de Personas de Ámbito Nacional, Regional y Provincial, vigente desde el 2020.

De otro lado, preocupa que, pese a que Lima Metropolitana lideró el año pasado el listado de regiones con mayor número de denuncias de acoso sexual en espacios públicos (140 casos), hasta el momento solo 38 de los 43 distritos de la capital cuentan con ordenanzas contra dicho flagelo. Asimismo, que entre los distritos que aún no incorporan medidas en ese sentido se encuentra San Juan de Lurigancho, pese a tratarse de la comuna con mayor población en el Perú y que registró el mayor número de casos de violencia atendidos en 2023 por los centros emergencia mujer (CEM), con un total de 3578 casos.

Cabe indicar que, en 2023, los CEM atendieron un total de 475 casos de acoso callejero. De dicha cifra, que evidencia solo aquellos casos denunciados, el 99 % de víctimas fueron mujeres; además, las regiones con mayor incidencia fueron Lima Metropolitana, La Libertad y Arequipa. Por su parte, entre enero y febrero de 2024 los CEM atendieron 71 casos de acoso sexual en espacios públicos, en cuyo caso el 99 % de las víctimas fueron niñas, adolescentes y mujeres adultas. Asimismo, en los dos primeros meses del año las regiones de Lima Metropolitana y Arequipa lideraron las jurisdicciones con mayores denuncias, con 26 casos en total.

Para la Defensoría del Pueblo, la falta de medidas de prevención y sanción del acoso sexual callejero constituyen piezas críticas en el incremento de las diversas formas de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres adultas. Al no contar con medidas para prevenir esta forma de violencia de género, si ocurre un caso de acoso sexual, la víctima no sabrá a dónde acudir y no se podrá iniciar investigaciones o establecer sanciones de manera administrativa, lo que conlleva a una impunidad de la violencia hacia las mujeres y genera la normalización y tolerancia del acoso sexual. Así lo explicó Diana Portal, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien precisó que la norma señala que los gobiernos regionales y locales pueden establecer multas aplicables tanto a las personas como a los centros comerciales, obras de edificación u otras empresas a cargo de los espacios en los que se cometan dichos actos.