Defensoría del Pueblo: hacemos un llamado a la calma y a persistir en el diálogo en distrito de Machu Picchu

Nota Informativa
Comunicado

Fotos: propia de la Defensoría del Pueblo

26 de enero de 2024 - 7:06 p. m.

Ante hechos de violencia ocurridos ayer durante las protestas por la implementación de un nuevo sistema de venta de boletos de ingreso al Santuario de Machupicchu y el anuncio de prolongar las protestas en los siguientes días, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:

  1. Rechazamos el bloqueo de vías férreas de acceso a Santuario de Machu Picchu, situación que dejó 02 civiles y 05 policías heridos. Hemos exhortado al Gerente Regional de Salud de Cusco a garantizar la atención de la salud de las personas heridas en el establecimiento de salud de Machu Picchu y prever la atención de nuevos casos con el personal médico suficiente.
  2. Hacemos un llamado a la calma a los manifestantes y dirigentes y, en esa medida, reiteramos nuestra exhortación a protestar de manera pacífica sin afectar derechos de terceros, y a agotar todos los esfuerzos para llegar a acuerdos por la vía del diálogo.
  3. Pedimos al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo del Ministerio de Cultura, abrir un espacio de diálogo que permita atender los cuestionamientos y preocupaciones existentes sobre la tercerización de la plataforma tecnológica que permite la venta de boletos en forma virtual, la presunta falta de transparencia e información sobre la decisión adoptada, así como sus eventuales impactos en la economía regional y local.
  4. Finalmente, recordamos a la Policía Nacional que, en caso de ser necesario restablecer el orden público, lo deberán hacer respetando los derechos de las personas y garantizando la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen durante el uso de la fuerza pública.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Cusco, continuará cumpliendo su rol constitucional de proteger los derechos de las personas y la supervisión de la actuación estatal.