El defensor del pueblo indicó que esta mesa de trabajo busca proponer una iniciativa para la regulación efectiva de la minería

En la Defensoría del Pueblo se llevó a cabo hoy la Mesa de trabajo sobre la delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y la derogación del Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo n.º 1607, la cual fue presidida por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, y contó con la participación del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y representantes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

El defensor del pueblo indicó que esta mesa de trabajo busca proponer una iniciativa para la regulación efectiva de la minería, con una estrategia orientada a optimizar el marco normativo existente, a través del uso de herramientas legales que puedan abarcar toda la cadena del valor minero.

En la reunión se analizaron los alcances de la Ley 31880, del Decreto Legislativo n.° 1607 y la Ley que deroga la primera disposición complementaria del D.L. 10607, respecto a lo cual la Adjunta para Asuntos Constitucionales, Elizabeth Zea manifestó que el Poder Ejecutivo no habría cumplido con lo regulado en el art. 104 de la Constitución Política de legislar “sobre la materia específica”, cuyos parámetros se encuentran establecidos en la ley autoritativa (Ley n.° 31880). Por lo tanto, se recomendó armonizar el marco legislativo vigente en materia de seguridad ciudadana con el contenido constitucional, así como alinear la producción legislativa por delegación a los parámetros de control constitucionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, los representantes de las instituciones participantes coincidieron en el hecho de trabajar de manera coordinada para erradicar la minería ilegal que trae consigo actividades ilícitas que perjudican, social, económica y ambientalmente al país. Además indicaron que eran necesario articular esfuerzos para lograr la formalización de la minería artesanal sin más extensiones de plazo en los procesos.

Cabe menciona que en su momento, la Defensoría del Pueblo emitió sus observaciones a los Decretos Legislativos emitidos en el marco de la delegación de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por Ley n.° 31880, y en relación a la derogación de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo n.° 1607, que modifica la Ley n.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

Al respecto, se observó que lo dispuesto por el tercer párrafo de la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo antes referido, este no se encuentra dentro de la delegación de facultades legislativas que le otorgó el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, habiendo excedido las facultades otorgadas, al legislar sobre una materia que no estaba comprendida en la norma autoritativa; además que el Decreto Legislativo en mención, no deroga ni subroga otras normas de manera expresa en materia de formalización minera. Por el contrario, genera un conflicto entre normas de la misma jerarquía (Decreto Legislativo n.° 1105 y 1293 y las Leyes 31007 y 31388), asimismo, colisiona con la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030.

Sobre el tema exhortamos al Congreso de la República a evaluar las normas que conforman el marco normativo en materia de formalización de la minería, con la finalidad de armonizarlo, haciéndolo viable y así, garantizar el respeto de los derechos fundamentales, sobre todo, de las poblaciones más vulnerables.

Finalmente, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez instó a los representantes de los sectores involucrados a participar en una próxima reunión con la finalidad de formalizar una propuesta normativa integral a fin de que pueda ser considerada en la agenda pública y así aportar a la lucha contra la minería ilegal.