Puno: Defensoría del Pueblo pide a DREM reforzar labores de fiscalización en zonas altas de la región

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno exhortó a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) a fortalecer las acciones de fiscalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal que se desarrollan en zonas altas de la región. Para ello, se recomendó la adquisición de un vehículo que pueda ser acondicionado para el traslado a zonas de difícil acceso en las que, además, se pueda concientizar a la población sobre los graves impactos en el ambiente que genera la minería informal.

El pedido fue realizado al término de una supervisión desarrollada en el distrito de Crucero, perteneciente a la provincia de Carabaya y ubicado a cinco metros de altura, hasta donde personal de la sede defensorial se trasladó para verificar diversos aspectos vinculados al deber de fiscalización que debe cumplir la DREM de Puno en la zona.

Cabe precisar que, en la séptima sesión de la mesa de trabajo sobre la problemática de contaminación de la cuenca del río Ramis, se acordó que las entidades que participan en dicho espacio, según sus competencias y funciones, enfoquen su accionar en verificar las condiciones en las que se viene desarrollando la actividad minería en diversas zonas circundantes a dicha cuenca.

Es como resultado de dichos acuerdos que el equipo de representantes de la Oficina Defensorial de Puno llegó hasta el sector de Ccaccatuni, en la comunidad de Urinsaya, para supervisar los proyectos mineros Colquehuasi y el trabajo que realiza la empresa concesionaria Metsur.

Entre los hallazgos, la autoridad regional identificó que dichos proyectos no contarían con instrumentos de gestión ambiental, que comprende documentos para la explotación minera, opinión favorable para uso de agua por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ni contrato de uso superficial de terreno y otros. Además se observó que no cuentan con un plan de manejo de residuos de desechos inorgánicos, por lo que la autoridad regional dispuso la paralización de actividades y otorgó un plazo de 15 días para regularizar dichos procesos.

Por su parte, la sede defensorial en la región altiplánica recomendó a los operadores mineros ajustar sus actividades a los parámetros que se encuentran vigentes para la protección del ambiente. Durante el diálogo, además, se trasladó la preocupación de los habitantes de la cuenca del río Ramis, quienes son los más afectados por la contaminación que genera esta actividad, sobre en las cabeceras de cuenca.

Al término de la supervisión, la sede defensorial informó que, en el marco de sus competencias, continuará supervisando el cumplimiento de las funciones de las entidades comprometidas en la labor de protección ambiental. Asimismo, exhortó a las personas o empresas mineras que desarrollan actividad de minería a pequeña escala a realizar dicha labor en estricta observancia de los estándares ambientales y los derechos fundamentales de las comunidades.