Defensoría del Pueblo: persisten problemas estructurales de los servicios de salud en comunidades y localidades indígenas

Nota de prensa
Supervisión permitió advertir que los índices de vacunación contra el COVID-19 en población indígena presentaba brechas respecto a la población nacional, tanto en el año 2021 como en el 2022.
Presentación de  Informe Defensorial: Evaluación a los procesos de vacunación en comunidades y localidades indígenas del Perú. Seguimiento a la vacunación contra el COVID-19

14 de noviembre de 2023 - 4:50 p. m.

La Defensoría del Pueblo presentó en Pucallpa, Ucayali, el Informe Defensorial: Evaluación a los procesos de vacunación en comunidades y localidades indígenas del Perú. Seguimiento a la vacunación contra el COVID-19, que da cuenta de los resultados de la supervisión efectuada, el último trimestre de 2022, a microrredes de salud de 11 departamentos que atienden a pueblos indígenas, tras lo cual se puede afirmar que los problemas estructurales continúan y generan una vulneración sistemática a sus derechos.

El documento defensorial advierte que respecto al avance en la vacunación, por ejemplo, aún no se había ingresado a 64 comunidades indígenas para efectuar la vacunación, encontrándose éstas ubicadas en las regiones Pasco (25), Ucayali (18), Loreto (15), Amazonas (5) y Madre de Dios (1).

Asimismo, se constató que de los 655 establecimientos de salud que pertenecen a las microrredes de salud supervisadas, 169 (26 %) no cuentan con el servicio de energía eléctrica, lo que afecta la conservación de la cadena de frío de las vacunas. Además, 37 (6 %) no cuenta con equipos de refrigeración para mantener y conservar las vacunas y 465 (71 %) no cuenta con equipos electrógenos que puedan brindar energía eléctrica provisional para la cadena de frío.

A ello se suma que 422 (61 %) informaron que no cuentan con el servicio de agua potable y 385 (59 %) no contaban con internet.

Cabe indicar que la vacunación contra el COVID-19 en la población indígena no contó con un presupuesto específico para contratar mayor personal de salud, mejorar la cadena de frío y condiciones logísticas de dicho proceso, lo cual se vio reflejado en las brechas de vacunación en cuanto al alcance de personas inmunizadas en las ciudades y los bajos porcentajes de las zonas rurales con alta presencia de población indígena.

Como parte de la supervisión realizada a las microrredes, también se verificó el alto rechazo a la inmunización contra el COVID-19, debido a diversos factores. Frente a esta situación, era importante realizar acciones de difusión que contribuyan a brindar información certera sobre la importancia de las vacunas, fácilmente comprensible y en el idioma local. Sin embargo, en la mayoría de casos dicha difusión se realizó en el idioma castellano.

Al respecto, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que estas carencias presupuestales y logísticas, así como la falta de disponibilidad de personal de salud, de equipos médicos, medicamentos y la ausencia de servicios públicos básicos reflejan los problemas estructurales que presenta el servicio de salud que se ofrece a las poblaciones indígenas.

En ese sentido, se han realizado recomendaciones a diversas instituciones involucradas en este tema, entre las que destaca la efectuada al Ministerio de Salud, en relación a la necesidad de que modifique su Reglamento de Organización y Funciones e instrumentos de gestión conexos para que la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios pase a ser una Dirección General, a efecto de que se fortalezca la institucionalidad estatal en la prestación del servicio de salud.

Asimismo, propuso realizar un trabajo articulado con el Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales y las organizaciones indígenas para implementar un programa de formación profesional en salud intercultural dirigido a los profesionales y personal de la salud, con el fin de que cuenten con competencias interculturales y lingüísticas en la prestación de los servicios de salud que se brindan en territorios de comunidades indígenas.

“Corresponde al Estado peruano adoptar medidas urgentes para dotar a los establecimientos de salud que atienden a la población indígena de suficientes condiciones logísticas, como equipos médicos, medicamentos, personal intercultural, vehículos de transporte, combustible, equipos de refrigeración y no menos importante el acceso a servicios públicos”, finalizó el defensor del pueblo.

La publicación del informe fue posible gracias al apoyo técnico y financiero de Oxfam, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica Internacional suscrito entre la Defensoría del Pueblo y Fundación Oxfam Intermón.

Durante la presentación del informe estuvo presente el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, quien destacó la presencia del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y lo felicitó por su preocupación por las comunidades y localidades indígenas.