Debe fortalecerse patrullaje en espacios públicos e incrementar operativos para combatir mercados ilícitos de venta de celulares robados

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los delitos contra el patrimonio constituyen una de las principales causas de presentación de denuncias en los últimos años. A junio del 2023, 12 de cada 100 peruanos, de 15 años a más, fueron víctimas de robo de dinero, cartera o celular. El incremento de penas ha demostrado no tener un efecto disuasivo en la lucha contra la delincuencia

Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo ha planteado, a las autoridades pertinentes, fortalecer el patrullaje en espacios públicos, así como incrementar los operativos para combatir mercados ilícitos de venta de celulares robados, explicó el adjunto para los Derechos Humanos, Percy Castillo.

En tal sentido, preocupa la reciente aprobación del Decreto Legislativo n° 1578 porque constituye una nueva medida de endurecimiento de penas que – como se ha indicado – no ha significado una disminución en la comisión de delitos, como lo demuestran los índices de criminalidad. La norma sanciona con una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años de prisión para quienes roben celulares y entre 20 a 30 años para quienes cometan este delito con la agravante de emplear material o artefacto explosivo, así como mediante el uso de vehículos motorizados

El funcionario recordó que, aumentar penas en delitos contra el patrimonio ha sido una práctica constante en nuestra legislación, llegando incluso a establecerse cadena perpetua para algunas modalidades agravadas. Este tipo de medidas han sido promovidas desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, mediante leyes y decretos legislativos, respectivamente.

Dijo que, a pesar de estas iniciativas los indicadores de Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia del INEI muestran que el número de denuncias por la comisión de delitos contra el patrimonio se ha incrementado. Por ejemplo, en el año 2016 se reportaron 242 653 denuncias y en el 2022 se registraron 316 728.

De acuerdo a información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el robo agravado (artículo 189 del Código Penal) es el delito que concentra a la mayor cantidad de internos(as): 22 180 en total, de los cuales 7 806 tienen la condición de procesados y 14 mil 374 sentenciados. Un dato relevante al respecto es que la mayor cantidad de reingresantes son por delitos contra el patrimonio; teniendo inclusive, en algunos casos, más de 8 ingresos.

Asimismo, no se ha considerado la situación actual del sistema penitenciario peruano, y que las condiciones carcelarias no favorecen la reinserción social de las personas una vez que cumplen sus condenas de privación de libertad. Es importante enfatizar que la Política Nacional Penitenciaria al 2030, tiene como uno de sus objetivos prioritarios reducir el hacinamiento en los penales, habiéndose identificado como algunas de sus causas el alto uso de la prisión preventiva y el endurecimiento de penas, entre otros.

Al respecto, el Tribunal Constitucional señaló que existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los penales y severas deficiencias en su capacidad de albergue, en la calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional (Expediente Nº 05436-2014-PHC/TC). Por lo que a la fecha se vienen promoviendo alternativas multisectoriales de solución a estos problemas, que involucran a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De igual forma, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 contempla como uno de sus fines la reducción de la victimización por delitos de robo o hurto en espacios públicos, para lo cual se plantea como solución más efectiva la realización de operativos de parte de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, para intervenir mercados y lugares donde se comercializan celulares robados. A ello se debe sumar la implementación de mecanismos tecnológicos, como son las acciones de fiscalización para verificar la no operación de equipos terminales móviles reportados como sustraídos o perdidos, a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.

Para la Defensoría del Pueblo la inseguridad ciudadana constituye un problema público de especial relevancia, toda vez que afecta la vigencia de derechos de primer orden, como a la vida, a la integridad y a la libertad de las personas y porque, además, perjudica la estabilidad y el desarrollo de la nación; por ello, insiste en la necesidad de que el Estado diseñe e implemente estrategias efectivas para combatirla, en razón a su complejidad y sin dejar de apostar por acciones de naturaleza preventiva[1].

[1] https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-la-declaracion-del-estado-de-emergencia-no-es-suficiente-para-enfrentar-la-inseguridad-ciudadana/