Defensoría del Pueblo: gobiernos locales de Pasco continúan sin implementar oficinas de integridad

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco reiteró a las municipalidades provinciales de Oxapampa, Pasco y Daniel Alcides Carrión la necesidad de contar con oficinas de integridad institucional al interior de dichas entidades, a fin de asegurar la implementación del modelo de integridad y el desarrollo de mecanismos dirigidos a promover la observancia de los valores y principios vinculados al uso adecuado de los recursos en la función pública.

El reiterativo fue hecho por la jefa de la Oficina Defensorial de Pasco, Raquel Álvarez, quien dio a conocer los resultados de la supervisión sobre el nivel de cumplimiento que existe en esta región respecto a la normativa que obliga a las instituciones públicas a crear estas importantes áreas, cuya misión esencial es prevenir cualquier acto de corrupción a través de la implementación de canales internos de denuncias y el establecimiento de medidas de protección a las personas denunciantes.

Al respecto, la representante de la Defensoría del Pueblo explicó que a inicios de febrero se informó al Gobierno Regional de Pasco, a los alcaldes provinciales y autoridades distritales sobre las obligaciones en materia de integridad pública que debían cumplir. Precisó en esta nueva supervisión, que ocurre a medio año de la anterior, puede observarse que existen aún debilidades en la implementación de estas oficinas por parte de las autoridades regionales y provinciales.

Álvarez informó que, si bien el Gobierno Regional de Pasco ha conformado la Unidad Funcional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al interior de la Gerencia General, aún no se ha designado formalmente a quien asumirá las funciones de secretario/a de integridad.

En el caso de los municipios provinciales, la situación es más crítica pues ninguna de las tres jurisdicciones ha cumplido hasta el momento con implementar dichas oficinas.

Tras ello, la jefa de la sede defensorial instó a la autoridad regional a cumplir con designar a la persona encargada de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, mientras que a los alcaldes provinciales se les exigió implementar la función de integridad en sus entidades, para lo cual podrán optar por crear una oficina, conformar una unidad al interior del despacho de la máxima autoridad administrativa o un equipo de trabajo permanente, así como delegar dicha labor a algún servidor/a del despacho de la máxima autoridad administrativa o delegar las funciones a la oficina de recursos humanos.

La representante de la Defensoría del Pueblo explicó que la función de integridad busca prevenir la corrupción y otras prácticas cuestionables que puedan presentarse en las entidades públicas. Asimismo, que su implementación se encuentra normada mediante la Directiva n.° 001-2019-PCM/SIP aprobada por la Secretaría de Integridad Pública, órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Finalmente, precisó que, según el Observatorio Nacional Anticorrupción, de la Contraloría General de la República, la región Pasco se sitúa con un puntaje medio alto en índices de corrupción, de acuerdo a cifras correspondientes al año pasado.