Defensoría del Pueblo articula esfuerzos con instituciones que luchan contra la criminalidad asociada a minería ilegal en Madre de Dios

Con la asistencia de representantes de diversas instituciones, se llevó a cabo la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo para abordar la afectación a derechos fundamentales que produce la criminalidad asociada a la minería ilegal en la región de Madre de Dios.

Durante el evento, que se desarrolló en nuestra sede institucional, se abordó temas como la trata de personas, la explotación laboral y trabajo infantil, así como la atención integral a las víctimas de violencia y la protección a personas defensoras de derechos humanos ambientales.

Se evidenció que uno de los principales problemas es la falta de presupuesto destinado a reducir las actividades ilícitas en esta región. Desde la temática de trata de personas, por ejemplo, la representante del Gobierno Regional de Madre de Dios expresó su preocupación respecto al casi nulo presupuesto destinado a esta labor. Además, en el ámbito judicial existe un mayor número de sentencias absolutorias en relación a sentencias condenatorias.

Para la Defensoría del Pueblo, esta situación resulta crítica, luego de que el Programa para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) informara durante la reunión que cuentan únicamente con 5 Centros Emergencia Mujer (CEM) en Madre de Dios, lo que resulta insuficiente si se tiene en cuenta que, solo entre enero y septiembre de este año, se han registrado 823 casos de violencia, de los cuales el 85 % tuvo como víctimas a mujeres. Además, se recomendó que se debe fortalecer la articulación interinstitucional para que se deriven adecuadamente los casos de trata a estos CEM.

La Dirección de Protección Especial de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), por su parte, informó que, entre 2021 y septiembre de 2023, 68 niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas fueron atendidas/os por la Unidad de Protección Especial (UPE) Madre de Dios.

La reunión contó también con la asistencia del director regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios, quien dio detalles de las acciones en materia de lucha contra la explotación laboral y el trabajo infantil junto a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), a través del Grupo Especializado de Inspectores del Trabajo en Materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil.

Desde la Defensoría del Pueblo se solicitó que, pese a los escasos recursos con que se cuentan para detener el avance de las actividades delictivas en Madre de Dios, se continúe trabajando de manera articulada.

Un avance importante reportado es la próxima creación de la Unidad Especializada Desconcentrada del Ministerio del Interior en la región, cuya misión estará dirigida a fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la desaparición de personas.

En lo concerniente a la protección a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que hasta septiembre último se cuenta con 4 solicitudes de activación de procedimiento de alerta temprana y se han atendido 15 solicitudes de riesgo, que involucraron 22 personas defensoras, 6 de las cuales se autoidentificaron como pertenecientes a un pueblo indígena. Por su parte, el prefecto regional de Madre de Dios indicó que, solo en el 2023, se han presentado 23 solicitudes de garantías personales para salvaguardar a personas defensoras de derechos ambientales.

Guimo Loaiza, jefe de la Oficina Defensorial de Madre de Dios, reiteró la necesidad de dotar de mayores recursos a las diferentes instituciones competentes en la lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal en la región Madre de Dios, como son el Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial y Mimp, entre otras.

Esta reunión se realizó en el marco de la supervisión de las acciones del Estado para atender en forma integral la problemática de la minería ilegal y la vulneración de derechos en la región Madre de Dios, que viene ejecutando la gestión del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, a través de la oficina defensorial y las Adjuntías del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas; para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad; para la Niñez y la Adolescencia; y para los Derechos de la Mujer. Los resultados serán incorporados en un próximo informe defensorial que emitirá la institución.