Defensoría del Pueblo: Salud mental no se prioriza en la agenda nacional

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Defensoría del Pueblo exhorta al Estado peruano a priorizar la política de salud mental en la agenda nacional y continuar con la implementación de los servicios de atención en los centros de salud comunitarios, unidades de hospitalización en salud mental y adicciones en establecimientos desde el nivel II-2, centros de rehabilitación psicosocial y laboral, hogares y residencias protegidas.

El principal documento de gestión que conduce la política de salud mental en el Perú es el “Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021”. A la fecha, no hay otro instrumento de gestión que se encuentre vigente, esto a pesar de que el reglamento de la Ley n.° 30947, Ley de salud mental, encarga al Ministerio de Salud (Minsa), la elaboración y aprobación de la “Política Pública de Salud Mental”, el “Plan de Salud Mental Intersectorial” y el “Plan Quinquenal”. Cabe resaltar que el Minsa señala que estos documentos se encuentran en revisión desde el año 2020.

Debe señalarse que durante el presente año se han logrado alcanzar algunas de las metas planteadas en el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021. Así tenemos el caso de los centros de salud mental comunitarios, respecto a los cuales se había planteado implementar 250 para el año 2021. A septiembre del 2023, el Minsa señala que ya se cuentan con 276. De igual manera sucede con las unidades de hospitalización en salud mental y adicciones en hospitales generales, para las cuales se había planteado una meta de 43. A septiembre del 2023, se cuentan con 48.

“En el caso de los hogares protegidos, no se ha logrado cumplir con la meta propuesta de 164. A la fecha, solo se implementaron 94. Respecto a las residencias protegidas y los centros de rehabilitación psicosocial y laboral, actualmente no se ha implementado ninguno”, informó Malena Pineda, jefa del Programa de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Agregó que, en lo que se refiere al presupuesto asignado a la política de salud mental se reconoce la necesidad de priorizar su atención en la agenda nacional, pero preocupa que el incremento presupuestal de los últimos años (desde 2015) se encuentra lejos de cubrir la brecha de atención. Todavía 8 de cada 10 personas que necesitan atención en su salud mental, no reciben el tratamiento adecuado. Esto ocurre por la falta de información, falta de servicios cercanos a la comunidad, estigma, prejuicios, entre otros factores.

“Es imperativo que el Estado peruano articule la política de salud mental a través de documentos de gestión con metas e indicadores claros. Es por esto que, desde nuestra institución, exhortamos al Minsa a aprobar e implementar a la brevedad posible la Política Pública de Salud Mental, el Plan de Salud Mental Intersectorial y el Plan Quinquenal y, plantear una nueva estrategia para continuar con la implementación de los servicios de atención de salud mental bajo un enfoque comunitario”, subrayó Malena Pineda.

La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exhorta a replantear la política de salud, priorizando la atención articulada y descentralizada de la salud mental, asignándole los recursos que las personas requieren.