Comunicado n.° 10/DP/2023

La Defensoría del Pueblo es una institución cuya misión primordial es defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Estado, respetando la Constitución Política y las normas que rigen el país.

Así pues, desde hace algunos días, nuestra institución viene siendo blanco de comentarios inexactos y fuera de contexto, respecto al personal que ha ingresado a laborar y de los profesionales que cesaron en sus labores, acusándonos de vulnerar derechos y pretender privilegiar a profesionales sin experiencia. En ese orden de ideas, debemos RECHAZAR ENFÁTICAMENTE que se haya producido tal situación, ya que DESDE EL AÑO 2012, NINGÚN ADJUNTO ha ingresado a laborar a la Defensoría del Pueblo VÍA CONCURSO, siendo el caso que todos ellos, ingresaron en calidad de asesores y luego fueron encargados de las diferentes adjuntías.

Es necesario precisar que, desde el inicio de nuestra gestión, lo único que hemos hecho es adecuar la normatividad interna a la Ley n.° 31419 – que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones.

En ese sentido resulta totalmente falso que, hayamos modificado el clasificador de cargos, con el afán de favorecer a algún profesional en particular. Todos los profesionales que actualmente vienen laborando como encargados de las diferentes adjuntías, cumplen con los requisitos exigidos para el ejercicio de su función, por lo que el cuestionamiento no cuenta con base legal alguna.

Sabemos que ante cada cambio de gestión se han producido cambios de personal de manera abrupta, sin embargo, resulta fácil evidenciar que, en esta nueva etapa de la Defensoría del Pueblo no ha ocurrido. Los principales adjuntos se quedaron ocupando sus cargos, y muchos de ellos lo hacen hasta la actualidad.

Así también, debemos remarcar que resulta inaceptable la intolerancia de algunas personas que buscan dañar la honorabilidad de funcionarios de nuestra institución, por el solo hecho de NO PENSAR IGUAL que ellas, restringiendo la pluralidad del pensamiento, que en todo régimen democrático resulta primordial, razón por la cual no permitiremos actitudes de hostilización y amedrentamiento contra ningún trabajador de nuestra institución.

A través del presente comunicado, queremos dar por concluido el fantasioso tema creado inescrupulosamente, con el afán de desprestigiar a nuestra entidad. Siempre estaremos atentos a defender los derechos de todos, sin importar distinción de ningún tipo, y sobre todo si se trata de nuestro principal activo: las personas que trabajan en la Defensoría del Pueblo que cada día se esfuerzan por sacar adelante la entidad, a pesar que muchas veces han sido dejados de lado, en su situación laboral. No permitiremos más atropellos de ningún tipo.

La Defensoría del Pueblo se conduce dentro del marco normativo vigente, por lo que no tenemos más que precisar al respecto.