Reiteramos necesidad de garantizar derechos a salud y acceso a justicia a niñas y adolescentes embarazadas a causa de violación sexual

Con motivo de las intervenciones que viene desempeñando la Defensoría del Pueblo, tras haberse revelado dos nuevos casos de niñas embarazadas como producto de violación sexual -esta vez en las regiones Áncash y Moquegua- la institución reitera al Estado la necesidad de garantizar la protección reforzada de niñas y adolescentes en esas situaciones de grave vulneración de sus derechos.

Al respecto, desde el 12 de setiembre, la Oficina Defensorial de Áncash viene interviniendo ante el Ministerio Público, el Hospital Víctor Ramos Guardia, el Poder Judicial y la Unidad de Protección Especial de esa región a fin de que – conforme lo prevé el marco normativo– inicien acciones para garantizar la atención integral de la salud de una niña de 11 años de edad embarazada debido a una violación sexual, así como su acceso a la justicia y protección estatal.

Cabe señalar que, además, existe una situación de desprotección familiar hacia ella, que incrementa su situación de vulnerabilidad. En ese sentido, se ha solicitado al sector Salud y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), con carácter de urgente, agotar todas las gestiones necesarias para asegurar la atención integral de salud de la niña, lo que implica su traslado a un hospital especializado en Lima para su evaluación, conforme lo establece la Guía técnica sobre la interrupción voluntaria del embarazo; también, se ha solicitado al Mimp que la acompañe, en todo momento, mediante sus servicios.

Adicionalmente, hoy se ha tomado conocimiento de otro caso similar ocurrido en la ciudad de Ilo. La Oficina Defensorial en Moquegua está indagando al respecto y supervisando el cumplimiento de funciones de las entidades correspondientes para la atención que la víctima menor de edad requiera.

Ante ese contexto, es preciso recordar que el embarazo a temprana edad afecta el ejercicio de derechos fundamentales, el desarrollo integral, el acceso a oportunidades, al igual que la integridad física y psicológica. De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, en lo que va del año 757 niñas y adolescentes mujeres entre 0 y 14 años fueron madres; asimismo, los casos de violación sexual en agravio de este grupo etario de mujeres reportados por el Mimp, hasta julio del 2023, eran 4 454 casos.

Al respecto, preocupa la recurrencia de estos hechos, no solo porque el embarazo en una niña menor de 14 años de edad es considerado una violación sexual, sino también porque representa un alto riesgo para su vida y salud física y mental. En adición, genera deserción escolar y, por ende, limita su acceso a oportunidades de desarrollo personal, además de perpetuar el ciclo de pobreza. En suma, constituye un estado de vulneración a derechos fundamentales que, incluso, ha sido catalogado como tortura por el relator especial de Naciones Unidas en esta materia.

Es oportuno resaltar que el Comité de los Derechos del Niño, en el caso “Camila”, señaló que el Estado peruano tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro; por tal motivo, le solicitó garantizar la atención integral de salud de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, lo que consiste en asegurar el acceso a servicios de salud seguros, especialmente en casos de riesgo para ellas. En consecuencia, situaciones como las enfrentadas por “Camila” no deben repetirse.

Finalmente, es importante recordar a las autoridades encargadas de la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, la obligación de respetar y proteger sus derechos a la privacidad y confidencialidad, a fin de evitar su estigmatización y revictimización, conforme lo disponen el Código de los Niños y Adolescentes, entre otras normas.

La Defensoría del Pueblo sigue supervisando la actuación de las autoridades sanitarias ante los casos mencionados con el objetivo de que aseguren la atención, recuperación y el seguimiento a la salud física y mental de las niñas víctimas de violación sexual; también, el accionar de los operadores de justicia para que se evite la impunidad ante este tipo de casos.