Defensoría del Pueblo: aún no se ha logrado la participación política de las mujeres de forma equitativa

Hoy, en el Día de los Derechos Cívicos de las Mujeres la Defensoría del Pueblo lamentó que, a pesar de la aplicación de la paridad y alternancia en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 (ERM), aún no se ha logrado una representación equitativa a nivel de autoridades subnacionales, debido a la persistencia de estereotipos de género, que se manifiestan a través del menor financiamiento que reciben en sus campañas y constantes hechos de acoso político que sufren, los mismos que no son sancionados.

En las ERM 2022 la cantidad de mujeres candidatas aumentó, especialmente, respecto a los cargos de gobernadoras, vicegobernadores e integrantes de los consejos regionales o municipales. En estos casos, alcanzaron una participación de 28.9 %, 70.2 % y 49 %, respectivamente. No obstante, tras el resultado final, la proporción de mujeres autoridades electas continuó siendo baja. Así, solo se tiene el 8 % de gobernadoras; 2.1 % de alcaldesas provinciales y 0.8 % alcaldesas distritales.

Este panorama se explica, en primer lugar, por la limitada aplicación de la paridad horizontal en los encabezamientos regionales. Al respecto, 7 de los 15 partidos políticos, de alcance nacional, que debían implementarlo no lo hicieron. A nivel local, la ausencia de esta regla ocasionó que las candidaturas a alcaldías sean mayoritariamente masculinas (aproximadamente 91 % de las listas fueron encabezadas por hombres).

En segundo lugar, las brechas de género relativas al ingreso y la poca valoración de sus candidaturas causan que tengan menores recursos económicos para poder afrontar una campaña política. Sumado a las pocas posibilidades de recibir financiamiento privado, no existen herramientas para fiscalizar que el financiamiento público sea utilizado de forma paritaria como lo dispone la Ley n.° 31046, Ley que modifica el título VI “Del financiamiento de los partidos políticos” de la Ley 28094 – Ley de Organizaciones Políticas.

En tercer lugar, el aumento de hechos de acoso político, tanto a candidatas como a autoridades mujeres, incide en su disponibilidad para poder participar en el ámbito político. La existencia de esta manifestación de violencia contra ellas debe comprenderse en el marco de la discriminación estructural de las que son víctimas. De este modo, desde el 2020 a la fecha; la Defensoría del Pueblo ha atendido 15 casos de este tipo, en el que la principal herramienta de ataque han sido las redes sociales y la modalidad ha sido la difusión de imágenes e información relativa a su vida privada, que no se relaciona con su quehacer político.

La institución reitera la necesidad de modificar la Ley n.° 31155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, para facilitar su implementación y reglamentación, de modo tal que permita la determinación de una ruta clara de atención, investigación y sanción de los presuntos agresores. Asimismo, insta a las organizaciones políticas a adoptar las medidas pertinentes para promover la participación de sus afiliadas en igualdad de condiciones y libres de toda forma de violencia.