Demandamos a SEDA Ayacucho suspender cobros de deudas del Fonavi de más de 2000 personas usuarias del servicio de agua y saneamiento

La Defensoría del Pueblo advirtió a la empresa SEDA Ayacucho que la programación de cobros del saldo de la deuda por conexión domiciliaria de agua y desagüe, que fue financiada con recursos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), transgrede el artículo 3 de la Ley n.° 29494, Ley que estableció el proceso de recuperación de deudas por conexión domiciliaria financiadas con recursos del Fonavi, pues el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es responsable de encargar la recuperación de estas deudas a entes especializados.

Sobre el particular, la sede defensorial informó que 2063 personas usuarias serían afectadas con estos cobros, quienes viven en los sectores de Puracuti, del distrito de Ayacucho (A. H. Los Laureles, Asociación los Vencedores, Asociación San Felipe, Asociación La Florida, A. H. Los Artesanos, entre otros); así como Villa San Cristóbal del distrito de Jesús Nazareno; y A. H. Nueva Esperanza del distrito de Huanta.

“Hemos recibido diversas quejas ciudadanas, debido a que SEDA Ayacucho les ha notificado que incluirá en sus recibos de agua la cobranza del saldo de la deuda por conexión domiciliaria de agua y desagüe financiada con recursos del Fonavi. En estas comunicaciones se detalla la deuda a pagar y el número de cuotas que, en algunos casos, superan las 130 cuotas mensuales con montos que oscilan entre los 7 y 9 soles. Exigir el pago de este concepto en los recibos de consumo incrementa el riesgo de morosidad”, precisó la Defensoría del Pueblo.

Cabe recordar que, en el año 2011, la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento (Sunass) determinó que el propósito de la Ley n.° 29494 es evitar que las empresas de saneamiento cobren las deudas por Fonavi en la facturación de los servicios de saneamiento. Ante ello, la Defensoría del Pueblo demandó a SEDA Ayacucho suspender dicho cobro en los recibos de consumo y recomendó al organismo regulador efectuar una evaluación sobre la legalidad y razonabilidad de estos cobros anunciados por la empresa, dado el impacto que tendrá en la prestación de los servicios de saneamiento.

La Defensoría del Pueblo se mantiene vigilante de la decisión que tome SEDA Ayacucho, pues corresponde que disponga la cancelación de dicha cobranza a través de los recibos de agua; asimismo, aguarda el pronunciamiento de la Sunass sobre la razonabilidad de cobrar conceptos no vinculados a la prestación del servicio en los recibos de consumo de agua y saneamiento.