Defensoría del Pueblo pide a autoridades de Lambayeque adoptar medidas ante cifras alarmantes de violencia sexual escolar

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque requirió a las instituciones del sector educativo en esta región informar las acciones que han sido adoptadas, tanto a nivel administrativo como penal, en un total de 277 casos de violencia sexual ocurridos en instituciones educativas de la región, desde 2014 hasta julio del presente año.

De acuerdo con información del portal SíseVe, del Ministerio de Educación, la provincia de Chiclayo reportó la mayor cantidad de casos de violencia sexual donde los agresores fueron docentes y personal administrativo y las víctimas, los escolares. Así, en esta provincia se reportaron 163 casos, en la mayoría de los cuales las víctimas fueron estudiantes de secundaria.

Por su parte, del total de casos a nivel de la región, en el referido periodo, 76 corresponden a la provincia de Lambayeque, 38 casos corresponden a colegios de la provincia de Ferreñafe.

Según explicó el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo, a partir de las cifras del total de casos de violencia sexual reportados en dicha plataforma desde 2014, es necesario conocer cuántos procesos disciplinarios se iniciaron y cuál es el resultado final de dichos procesos, a fin de verificar la cantidad de docentes que se ha sancionado por dicha conducta, y la cantidad de docentes que continúan ejerciendo la docencia pública sin ningún tipo de sanción.

Además, reveló que, en lo que va de febrero a julio del presente año, se han registrado 33 casos de violencia sexual en colegios de Chiclayo, por lo que es necesario conocer si en dichos casos las autoridades educativas han dispuesto medidas de protección efectiva a favor de los estudiantes agraviados.

El representante de la Defensoría del Pueblo se pronunció así en los documentos que remitió a las unidades de gestión educativa local (UGEL) de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, a las cuales pidió información sobre el deber de comunicar al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú sobre los hechos de violencia en agravio de los estudiantes, así como las medidas preventivas adoptadas para evitar actos de violencia física, sexual o psicológica en cada uno de los planteles.

“Las cifras alarmantes evidencian, sin lugar a dudas, la grave violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra región, por lo que resulta fundamental replantear las medidas de prevención con el propósito de proteger mejor a la niñez en las instituciones educativas”, sostuvo Hidalgo en los documentos remitidos a los titulares de las tres UGEL.

Además, requirió que también se informe sobre las coordinaciones efectuadas con las defensorías municipales del niño, niña y del adolescente (Demuna), centros de salud, módulos de atención al maltrato infantil en salud (Mamis), centros emergencia mujer (CEM) con la finalidad de brindar asistencia en cada caso conforme a sus funciones, tal como lo dispone la normativa de prevención y atención de la violencia en instituciones educativas.