Defensoría del Pueblo urge que casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes se desarrollen con celeridad y debida diligencia

Ante la decisión del Juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado, Camaná, Subespecializado en Delitos Asociados a Violencia en contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, a través de la cual absuelve a padrastro acusado de agredir sexualmente a un niño, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, lamentó la falta de celeridad en el proceso e indicó que, se debió aplicar el principio de debida diligencia reforzada.

“Los casos de esta naturaleza deben tratarse con prioridad, estamos frente a un caso cuya denuncia data del año 2018, es decir, se está ventilando por más de 5 años, por ello debemos señalar que se debió contar con recursos idóneos, realizar una investigación con oficiosidad, de forma inmediata y eficiente; se debe considerar la atención esmerada en la toma de declaración de la víctima y el cuidado necesario en la realización de todas las actividades de investigación y procesales, teniendo en cuenta que se trata de hechos de violencia hacia una persona menor de edad”, acotó Manrique.

Recordó la existencia de una obligación constitucional del Estado de proteger -especialmente- a las/los niñas, niños y adolescentes, en situación de vulnerabilidad. También es indispensable que casos como este sean investigados y juzgados por personal especializado, quienes deben garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Código de los Niños y Adolescentes, principalmente el interés superior del niño y la garantía de un sistema de administración de justicia especializada a su favor.

En el presente caso, la investigación estuvo a cargo de un fiscal penal y no de uno con especialidad para realizar una investigación basada en el enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Además, los casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes exigen que se considere el grado de madurez y desarrollo de la víctima al momento de recabar las pruebas por parte del Ministerio Público y al momento de su evaluación por parte del Poder Judicial, agregó el representante de la Defensoría del Pueblo.

En atención los hechos expuestos y en mérito a sus atribuciones constitucionales, ha solicitado al colegiado y al Ministerio Público, proporcionen copias del total del expediente judicial y de la carpeta fiscal, respectivamente, a fin de realizar un seguimiento exhaustivo del caso; asimismo se debe tener presente que por la naturaleza del delito y tratándose de una persona menor de edad debe garantizarse la reserva del caso.

La Oficina Defensorial de Arequipa se mantiene alerta frente a las constantes denuncias existentes por delitos cometidos en agravio de niños/as y adolescentes, por lo que continuará interviniendo ante las entidades que integran los sistemas de protección y especializado de justicia, conforme a sus atribuciones.