Defensoría del Pueblo: Urge garantizar servicios públicos en comunidades indígenas y que estos tengan enfoque intercultural

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado y exige al Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, conducir sus acciones en el marco del respeto al derecho a la identidad cultural y étnica y al principio de igualdad y no discriminación, a fin de que garantice la prestación de servicios públicos en las zonas rurales y comunidades indígenas del país.

En el territorio patrio existen 55 pueblos indígenas, andinos y amazónicos, conformados por más de 9000 comunidades, centros poblados y otras localidades pertenecientes a pueblos indígenas u originarios a nivel nacional. Sin embargo, a lo largo de la vida republicana, el Estado no ha logrado proveer servicios públicos de calidad en estas zonas, colocándolas en una situación adversa para el acceso a sus derechos, entre ellos a la salud y educación.

Así, según el Censo del año 2017, solo 3 de cada 10 comunidades campesinas y nativas cuentan con escuelas de nivel secundario en sus territorios, mientras que, 6 de cada 10 comunidades no tienen un establecimiento de salud dentro de sus límites comunales.

De igual forma, la falta de servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y desagüe impide el bienestar individual y colectivo de las personas indígenas. Las brechas de acceso a estos servicios son mayores al promedio nacional. Por ejemplo, el 16,3 %, el 26,4 % y el 40.4 % de la población que se autoidentifica indígena no cuenta con servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, respectivamente, en sus viviendas.

“Es importante recordar que, en aquellas zonas donde predomina mayor presencia de personas indígenas, los gobiernos regionales y locales deben contemplar acciones para que la prestación de los servicios públicos se brinden con pertinencia cultural, con respeto a sus costumbres y lenguas originarias, así como considerando las necesidades particulares de la población a fin de superar las barreras geográficas y económicas que los afectan”, precisó Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, añadió que urge que todas las entidades públicas, tanto en zonas rurales como urbanas, adopten las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los “Lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prestación de servicios públicos”, aprobado por el Decreto Supremo n.° 001-2023-MC, con la finalidad de reconocer las diferencias culturales que permitan construir relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos.

Cabe precisar que, según lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio n.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el país desde el mes febrero de 1995, corresponde a los gobiernos asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Asimismo, se deben procurar acciones que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, continuará impulsando acciones de supervisión para que los pueblos indígenas gocen de servicios públicos que se adapten a sus características culturales y lingüísticas, así como para la erradicación de la discriminación étnico-racial.