Defensoría del Pueblo: Preocupa aumento de embarazos adolescentes en provincia de Puerto Inca

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María expresó su preocupación respecto al aumento de casos de embarazo en adolescentes en la provincia de Puerto Inca. En una supervisión a la Red de Salud de Puerto Inca, que agrupa a todos los establecimientos de salud ubicados en esta provincia, se tomó conocimiento de la existencia de 93 casos de embarazos adolescentes hasta el momento, lo que resulta alarmante si se tiene en cuenta que durante el 2022 se reportaron 60 casos.

Así lo reveló el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María, Jorge Mendoza, quien señaló que los distritos con mayor incidencia de embarazos en adolescentes son Codo del Pozuzo, con 16 casos, seguido de Puerto Inca, con 11 registros. Además, dio a conocer que la situación se torna aún más crítica al detectarse que tres de estos casos corresponden a niñas de 13 años, por lo que deben ser investigados de manera inmediata por tratarse de delitos de violación sexual, de acuerdo al artículo 173 del Código Penal.

El representante de la Defensoría del Pueblo informó que ha solicitado los cargos de los documentos remitidos a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, a fin de verificar el inicio de investigaciones por los delitos de violación sexual. Además, solicitó al director de la Red de Salud de Puerto Inca recordar a los titulares de las microrredes y establecimientos de salud que se encuentren bajo su competencia la obligación de denunciar el delito de violación sexual en casos de gestantes menores de 14 años. Asimismo, resulta preocupante el conocer si dichas niñas y adolescentes gestantes han sido informadas sobres sus derechos y recibido una evaluación integral, a fin de determinar si dicho embarazo representa un riesgo para su salud o vida.

Así también, el coordinador del Módulo Defensorial de Tingo María se pronunció así al dar a conocer los resultados de la visita de supervisión desarrollada a los distritos de Puerto Inca y Codo del Pozuzo, donde se pudo verificar que los problemas más álgidos corresponden a los ámbitos de salud y atención a víctimas de violencia.

Una de las situaciones más preocupantes halladas durante la supervisión corresponde al estado del Centro de Salud de Codo del Pozuzo, cuya única ambulancia se encuentra inoperativa, dejando a dicho establecimiento sin este importante vehículo para el traslado oportuno y adecuado de pacientes.

El caso de la comisaría de Codo del Pozuzo es muy similar. El patrullero con que contaba dicha dependencia se encuentra inoperativo desde hace dos años, impidiendo desarrollar oportunamente las labores de notificación o ejecución de las medidas de protección. Como resultado de ello, se pudo verificar que existen cinco medidas de protección sin notificar, lo que puede poner en riesgo la integridad y vida de las personas agraviadas. Al respecto, la comisaría se comprometió a notificar de manera inmediata.

Al supervisar el centro de salud se pudo verificar también que el kit para casos de violencia sexual no contaba con prueba rápida para embarazos. Además, se pudo detectar el caso de una niña gestante de 13 años que no había sido comunicado a la Policía Nacional del Perú ni al Ministerio Público, pese a que la legislación vigente obliga a que en estos casos los profesionales de la salud deben denunciar los delitos que conozcan en el desempeño de su actividad. Finalmente, se advirtieron presuntas irregularidades en los trámites de las papeletas de devolución de turnos del personal de salud que ponen en riesgo la prestación del servicio de salud a la ciudadanía.

El representante de la Defensoría del Pueblo precisó que se vienen haciendo coordinaciones para determinar el avance de los compromisos asumidos por las autoridades de cada una de las instituciones supervisadas, como el caso del director de la Red de Salud de Puerto Inca que se comprometió a poner en funcionamiento la ambulancia de Codo del Pozuzo a más tardar esta semana.