Defensoría del Pueblo recomendó a la PNP mejorar la infraestructura y acondicionamiento de las salas de detención de las dependencias polici

En una supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo se verificó la situación de los ambientes donde se custodia a las personas detenidas en las comisarías de Alfonso Ugarte, Cotabambas y la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP), advirtiendo en todas ellas escasa iluminación y ventilación, así como humedad en las paredes y falta de limpieza.

Sumado a ello, se constató la ausencia de un soporte material que sirva como cama. Esto ocasiona que las personas detenidas en las referidas dependencias policiales tengan que dormir sobre el suelo o en colchones deteriorados y sucios; en otros casos, sobre frazadas proporcionadas por sus propios familiares.

Otro hallazgo estuvo referido a la condición de los servicios higiénicos, en la División de Asuntos Sociales (ubicado en el distrito del Rímac), en donde se verificó que tanto la celda de hombres y la de mujeres cuentan con silos, pero que, por la falta de mantenimiento y adecuada limpieza, emanan de ellos olores fétidos, llegando inclusive a percibirse orina en el suelo de las celdas. Cabe señalar que ambos silos solo se encuentran separados por un pequeño muro que no brinda intimidad a las personas para la realización de sus necesidades fisiológicas, lo que sumado a la falta de agua impide una higiene adecuada.

Por otro lado, resulta preocupante que los alimentos de las personas detenidas en las salas de meditación de la PNP deban ser proporcionados por sus familiares, amigos o alguien de su entorno, ante la falta de un presupuesto público específico. Ante ello, la Defensoría del Pueblo recuerda que al encontrarse la persona detenida bajo la custodia de una institución pública (como es la PNP), el Estado asume una posición especial de garante; por ende, le corresponde respetar sus derechos fundamentales, como son la vida, la integridad personal, la salud y la dignidad.

Al respecto, se enfatizó en que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce como un grupo vulnerable y de especial protección a las personas privadas de su libertad. Un instrumento internacional sobre esta materia son los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[1], los cuales deben ser respetados por los Estados.

“La Policía debe implementar mejoras a la infraestructura y acondicionamiento de sus salas de meditación, respetando y garantizando los derechos de todas las personas privadas de libertad, con condiciones de detención idóneas, con especial énfasis cuando se trata de mujeres o personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, debe gestionar la creación de un presupuesto para proveer alimentación y velar por el cuidado de las personas detenidas hasta que dejen de estar bajo su custodia”, el jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y, la Seguridad y Defensa Nacional, Walter Avila.

Como es de público conocimiento, en los últimos días diversos colectivos y organizaciones civiles han venido convocando a distintas movilizaciones ciudadanas, con el fin de ejercer el derecho a la protesta que, en algunos casos, ha dado lugar a detenciones de personas por parte del personal policial, siendo luego trasladadas a algunas de las salas de meditación de las referidas sedes policiales.

En este sentido, se ha procedido a oficiar a la Comandancia General de la PNP con el objeto que se adopten las medidas pertinentes ante las situaciones advertidas. La Defensoría del Pueblo continuará vigilante de las acciones que realice la Policía, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

[1] Documento aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.