Defensoría del Pueblo: 19 instituciones públicas de Pasco aún no designan a responsables de brindar información pública
Nota de prensa• Se dio a conocer resultado de supervisión a 32 entidades, que revela también la falta de conocimiento de muchos de los aspectos de esta función.

21 de junio de 2023 - 5:15 p. m.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco llevó a cabo una supervisión que tuvo como objetivo conocer el cumplimiento de los diferentes aspectos comprendidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por parte de las autoridades de las principales instituciones públicas de esta región. En ese sentido, se dio a conocer con preocupación que 19 de las 32 entidades supervisadas no cumplen con designar a sus funcionarias/os titulares y suplentes responsables de entregar la información de acceso público.
La lista de instituciones públicas que no cumplieron con esta medida son las municipalidades provinciales de Pasco y Daniel Alcides Carrión, junto a las comunas distritales de Huariaca, Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Páucar y de Simón Bolívar. Integran la lista, además, las direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Energía y Minas; Educación; Producción y de Comercio Exterior y Turismo; las unidades de gestión educativa local (UGEL) de Pasco y Daniel Alcides Carrión; además de Emapa Pasco, Electrocentro y las sedes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y de EsSalud.
De otro lado, se pudo advertir que 22 instituciones públicas tampoco cuentan con sus respectivos registros de solicitudes de acceso a la información pública, originando de esta forma que ninguna de ellas tenga información centralizada de la persona que hace el requerimiento, el contenido del mismo, el tiempo en el que se atendió la solicitud, la razón de la denegatoria o las razones de retardo, entre otros aspectos que permitan hacer un seguimiento del cumplimiento a la ley y a su reglamento.
Esta lista la integran las municipalidades provinciales de Pasco y Daniel Alcides Carrión, los municipios de Huariaca, Yanacancha, Santa Ana de Tusi, Páucar y Simón Bolívar; y las direcciones regionales de Transportes y Comunicaciones; Salud; Trabajo y Promoción del Empleo; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Energía y Minas; Educación; Producción y de Comercio Exterior y Turismo. En este grupo se encuentran también las Ugel de Pasco y Daniel Alcides Carrión, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y las sedes de Pronabec, EsSalud, Emapa Pasco y Electrocentro.
La supervisión comprendió también al Gobierno Regional de Pasco, la Dirección Regional de Agricultura, las sedes regionales de la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass), del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y de los programas Cuna Más y Pensión 65, además del Ministerio Público y las comisarías de Familia y de Chaupimarca. De acuerdo al reporte elaborado al término de la supervisión, las y los funcionarios de 26 entidades desconocen el plazo establecido para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y solo en 4 organismos se conocen los procedimientos a seguir en casos de apelaciones.
Al respecto, la jefa de la Oficina Defensorial de Pasco, Raquel Álvarez, lamentó el poco interés que estarían dando algunas instituciones públicas a la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información pública que tiene la ciudadanía sobre la labor que desarrollan sus autoridades. La representante de la Defensoría del Pueblo explicó, por ejemplo, que la falta de registros no permite a las entidades monitorear el cumplimiento de plazos de respuesta a las solicitudes, a lo que se suma el desconocimiento de muchos de los aspectos contenidos en la ley, por parte de quienes deben atender los pedidos de información.
Estas observaciones fueron dirigidas a las instituciones que formaron parte de la supervisión, a las que se pidió implementar medidas correctivas en el más breve plazo. “En la medida en que las y los funcionarios desconozcan el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tendremos problemas para atender los pedidos que formula la ciudadanía, por lo que se requiere también una capacitación inmediata al personal de cada entidad”, precisó.