Defensoría del Pueblo: Estado debe fortalecer servicios de salud sexual y reproductiva

La Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de priorizar la salud sexual y reproductiva en la agenda pública e integrarla en la cobertura universal de salud, para prevenir la mortalidad materna y garantizar el adecuado acceso a los servicios de planificación familiar. Estas recomendaciones se efectuaron luego de presentar un informe realizado con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el Perú.

En dicho informe, se da cuenta de los resultados de una supervisión a los servicios de planificación familiar de 94 establecimientos de salud en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Junín, Ica, Loreto, Pasco y Puno. Entre los hallazgos, se pudo advertir que aún existen limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos y en la aceptabilidad/adaptabilidad de los servicios brindados por dichos establecimientos a la realidad y necesidades de cada población en particular.

Al respecto, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, destacó que, a pesar de los innegables avances, aún queda un largo camino pendiente por recorrer en la lucha del Estado por erradicar la discriminación y violencia que, por el hecho de ser mujeres, sufren las niñas, adolescentes y mujeres adultas de nuestro país.

En efecto, respecto al acceso a servicios de salud, 9 de las 396 usuarias entrevistadas para el informe manifestaron que se les condicionó el acceso a los métodos anticonceptivos a que su pareja estuviera presente, mientras que 22 de ellas no accedieron finalmente a estos recursos. Asimismo, solo el 15 % (14) de los establecimientos señalaron estar en capacidad de brindar el servicio en lenguaje de señas. Resulta también preocupante que el 45 % (42) indicó que no cuenta con servicio diferenciado para la atención integral de las adolescentes.

Adicionalmente, un 17 % de usuarias (66) calificaron al servicio recibido como “regular” debido a que no se les brindó orientación/consejería, se sintieron incómodas con los comentarios realizados por el personas de salud, no se sintieron libres de preguntar, o el trato no fue el adecuado.

Otro de los problemas graves advertidos fue la asignación presupuestal, ya que el 32 % (30) de los establecimientos indicaron que desconocían si contaban con presupuesto; un 67 % (64) señaló no contar con una partida para el servicio de planificación familiar y un 95 % (89) precisó que no tenían recursos económicos para realizar labores de prevención del embarazo no deseado.

Agregado a ello, si bien un 87 % de los centros de salud contaban con disponibilidad de medicamentos que conforman el kit de emergencia en casos de violación sexual, los establecimientos de Puno y Loreto señalaron no haber contado con ninguno de los elementos del kit en los años 2019 y 2020; además, en Huancavelica, indicaron que las cantidades con las que cuentan son considerablemente reducidas.

Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de los servicios de salud sexual y reproductiva, por lo que se han emitido recomendaciones al Ministerio de Salud (Minsa) para brindar de forma universal los servicios de planificación familiar, difundiendo su importancia e identificando la falta de disponibilidad en algunas regiones, realizando los ajustes necesarios en cuanto a accesibilidad y adaptabilidad. También, se solicitó coordinar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para fortalecer la capacitación y sensibilización del personal de salud, y con el Ministerio de Cultura para una adecuación y aplicación del enfoque intercultural.

Cabe señalar que, durante la presentación del informe, se contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras; la congresista Edhit Julon, presidenta de la Comisión de Salud y Población; Hugo González, representante de UNFPA en el Perú; además de funcionarios y funcionarias del Minsa, del MIMP y de la Dirección Regional de Salud Lima Centro. Participaron también representantes de la sociedad civil, haciendo uso de la palabra la directora ejecutiva de Promsex, Susana Chávez.

La Defensoría del Pueblo remarca la urgencia de proteger los derechos fundamentales de las mujeres, en especial su salud integral, sobre todo porque, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2022, se registraron 11 630 casos de violación sexual, de las cuales 7614 (65.5 %) afectaron a niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, en el 2022, se reportaron 1624 casos de niñas y adolescentes hasta los 14 años que tuvieron hijos/as; y en lo que va del año (1 de enero al 2 de junio) ya se han registrado 364 casos.

Puede acceder al informe en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/05/SUPERVISI%C3%93N-DEFENSORIAL-A-LOS-SERVICIOS-DE-PLANIFICACI%C3%93N-FAMILIAR_Final.pdf