Es esencial aprobar planes de gestión y fiscalización del transporte en Lima Metropolitana para atender demanda ciudadana

Con ocasión al reciente inicio de gestión del actual presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Defensoría del Pueblo formuló un conjunto de recomendaciones con la finalidad de mejorar el transporte urbano en Lima y Callao, en beneficio de la población. Una de ellas fue la necesidad de atender con urgencia los retrasos en la aprobación de instrumentos de planificación del sector, así como intensificar la supervisión del respeto de paraderos y evaluar su reubicación en las vías de los corredores complementarios.

Durante la reunión sostenida en la víspera, entre representantes de la Defensoría del Pueblo y el titular de ATU, José Aguilar Reátegui, se insistió en la importancia de atender la ausencia de un régimen temporal aprobado para la prestación del servicio de transporte y los problemas en las condiciones de operación de los corredores complementarios en Lima y Callao, componentes básicos para contar con un servicio integrado que responda a las necesidades básicas de movilidad para los más de 10 millones de habitantes de la capital.

En la cita, se recordó que la entidad remitió recientemente un oficio en el que detalla sus pedidos, dirigidos a dar solución a la situación actual del transporte que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía, que debe pasar largas horas transportándose de un lugar a otro y, en ocasiones, haciendo uso del transporte informal que ha proliferado en las principales vías de la ciudad, como los colectivos y vehículos tipo cúster, que salieron de circulación tras haber prestado servicios años atrás en alguna ruta.

Otras medidas recomendadas por la Defensoría del Pueblo están referidas a la necesidad de aprobar y poner en práctica el Plan Inicial de Transporte, el Plan Maestro de Transporte, el Plan Regulador de Rutas, así como el reglamento del régimen provisional para la prestación del servicio público de transporte terrestre, instrumentos que permitirán contrarrestar el desabastecimiento del servicio. Al respecto, el presidente de la ATU informó que el Plan Regulador de Rutas estará aprobado en tres meses aproximadamente.

Lissette Vásquez, adjunta para los Servicios Públicos, insistió en la necesidad de intensificar la supervisión y fiscalización en el ámbito de los corredores complementarios, atendiendo a los reclamos de los usuarios del servicio. “Se requiere supervisar constantemente el cumplimiento de recojo de pasajeras/os en los paraderos establecidos, la operatividad de marcadores de pago y torniquetes de los buses –cuyas continuas fallas hace que los pasajeros suben por la puerta trasera del bus propiciando la fuga de recursos que debe recaudar el sistema-, mejorar la información de las rutas de los corredores”, anotó.

Así también, la institución recomendó a la ATU evaluar el ordenamiento en la distribución de líneas y generar incentivos para la creación de nuevas rutas que permitan cubrir la demanda existente.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar vigilantes y de contribuir, en el marco de sus competencias, en la mejora del transporte urbano en las provincias de Lima y Callao, así como en todas las regiones del país, en beneficio de la población.