Defensoría del Pueblo: Minedu debe articular con gobiernos regionales acciones para asegurar el servicio educativo ante desastres naturales

La ocurrencia de intensas lluvias, deslizamientos y desastres en diversas regiones del país, principalmente Lambayeque, Piura y Tumbes, ha impactado gravemente en la infraestructura y el servicio educativo. Al 9 de mayo de este año, el Ministerio de Educación (Minedu) reporta 849 locales educativos dañados, 1642 aulas afectadas, 29 aulas inhabitables y 12 aulas destruidas.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo recomendó a la ministra de educación, Magnet Márquez Ramírez, liderar y coordinar las intervenciones y actuaciones que permitan asegurar que, frente al riesgo existente de que se produzcan desastres naturales, el servicio educativo no se interrumpa o, de ser el caso, se restablezca en el menor plazo posible y siempre en condiciones de seguridad para proteger la vida, salud e integridad de la comunidad educativa.

Por otro lado, tras advertir que el traslado masivo de 443 370 estudiantes de colegios privados hacia el servicio educativo público, en el periodo 2020-2022, podría dificultar un servicio educativo de calidad, se recomendó a la titular del sector Educación adoptar acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de materiales educativos, personal docente, infraestructura y mobiliario educativo e, inclusive, servicios complementarios, como el de alimentación y de salud.

Por su parte, se reiteró a la ministra Márquez que, el 11 de enero de este año, la Defensoría del Pueblo cursó al exministro de educación una comunicación formal con base en datos oficiales y a supervisiones ejecutadas en el periodo 2020-2022, y se le recomendó poner como temas prioritarios de la política educativa nacional la mejora de los aprendizajes, la reinserción de estudiantes que salieron del sistema educativo durante la pandemia, el cierre de la brecha de infraestructura, así como la salud mental y emocional de estudiantes y la lucha contra la violencia escolar.

Al respecto, se informó a la ministra que el Minedu no ha cumplido con brindar información de las acciones para atender estos temas y superar los problemas actuales. Por ello, se reiteró la preocupación institucional y se recomendó implementar medidas que cuenten con indicadores que permitan medir el avance y la mejora de los procesos implementados, e incluir mecanismos de coordinación y seguimiento con las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local.

La Defensoría del Pueblo continuará ejerciendo su rol de colaborador crítico sobre la actuación de la administración pública, supervisando el servicio educativo, haciendo seguimiento a la implementación y evaluación de las políticas educativas, con el fin de cumplir con la defensa, protección y cumplimiento del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.