Defensoría del Pueblo pide a GORE Huánuco y a municipios de la región promover la ética e integridad entre funcionarias/os y servidoras/es

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco recomendó al Gobierno Regional (GORE) y a las municipalidades provinciales y distritales de la región promover la ética e integridad en el ejercicio de la función de funcionarias/os y servidoras/es públicas/os; de esta manera se contribuirá a combatir la corrupción en beneficio de la ciudadanía.

En efecto, según información proporcionada por la Procuraduría Anticorrupción, de enero al 31 de julio del 2022, Huánuco registró el 3 % de los casos de corrupción en trámite a nivel nacional, el 55 % de los casos registrados son por los delitos de colusión y peculado. Siendo las entidades más agraviadas las municipalidades provinciales y distritales (583) y el Gobierno Regional Huánuco (298) y las entidades adscritas a este.

Asimismo, la Contraloría General de la Republica estima que en la región Huánuco el daño patrimonial provocado por la corrupción en 2021 ascendió a S/ 360 206 308. Las provincias con mayor daño patrimonial son Huánuco, Leoncio Prado, Ambo, Marañón, Dos de Mayo y Huamalíes.

En ese sentido, la jefa de la Oficina Defensorial de Huánuco, Lizbeth Yllanes, solicitó mediante oficio dirigido al GORE y a todas las municipalidades formular un especial recordatorio sobre las normativas que el Estado ha promulgado sobre integridad en la función pública.

Entre las normas destacan aquellas que promueven la política pública sobre integridad; la de procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias de actos de corrupción; aquellas relacionadas al nepotismo que establecen la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco; las de conflicto de intereses: idoneidad en la función pública, entre otras.

Finalmente, la representante de la Defensoría del Pueblo señaló que la corrupción no solo es un problema social que genera consecuencias económicas para el Estado y para la gobernabilidad de un país, sino que, fundamentalmente, es una problemática que tiene repercusiones directas en la satisfacción de derechos fundamentales, afectando la igualdad de las personas, y el acceso a los servicios públicos en el que se traducen dichos derechos, por lo que urgen acciones para combatirla.