Defensoría del Pueblo: gobiernos regionales y locales deben cumplir normas técnicas sobre ubicación de colegios y establecimientos de salud

La Defensoría del Pueblo recomienda a los gobiernos regionales y municipalidades provinciales cumplir con la norma técnica peruana en la formulación del expediente técnico de obras de infraestructura educativa y de salud considerando la vulnerabilidad a los desastres naturales de los espacios geográficos y los fenómenos de cambio climático, a fin de asegurar la vida y la integridad de la ciudadanía usuaria de estos servicios.

Según estudio recogido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú es uno de los tres países más vulnerables frente al cambio climático. Esta vulnerabilidad se debe a la “repercusión de fenómenos hidrometeorológicos relacionados con el fenómeno El Niño”.

Actualmente, el Perú sufre los efectos de este diagnóstico, pues, al 18 de abril del año en curso y a nivel nacional, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó 2364 aulas afectadas, 161 destruidas y 570 aulas inhabitables; así como 12 establecimientos de salud destruidos, 320 afectados y 33 establecimientos de salud inhabitables.

Según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, el 42 % del total de edificaciones educativas fueron construidas antes del año 1998 y, en consecuencia, no cumple con la Norma de Diseño Sismorresistente; el 41 % de las edificaciones educativas fueron ejecutadas o construidas por la Asociación de Padres de Familia (Apafa) o por las comunidades; y el 61 % está localizada en zonas de amenaza sísmica alta y muy alta.

Por su parte, del total de establecimientos de salud del primer nivel de atención en todo el país (8783) el 97.65 % se encontraba con capacidad instalada inadecuada, es decir tiene infraestructura y equipamiento que no se encuentran de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas de salud de infraestructura y equipamiento vigentes; y del total de hospitales del segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional (247) el 97.57 % también se encontraba en esta situación.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera que corresponde a los diferentes órganos del Estado que tienen competencias en materia de educación y salud, incluidos la planificación y ejecución de infraestructura, cumplir el marco normativo que comprende, de manera general, los criterios de priorización de inversiones del sector educación, y de forma específica la regulación sobre edificaciones, normativa ambiental y la de gestión de riesgos de desastres.