Defensoría del Pueblo: Minsa sigue sin actualizar la regulación de la atención de emergencia

La Defensoría del Pueblo remitió un oficio al Ministerio de Salud (Minsa) recordándole que aún se encuentra pendiente actualizar las normas vinculadas a la cobertura de emergencia para precisar algunos vacíos y se garantice el financiamiento de este tipo de atenciones, cuando la persona acude a un hospital o clínica que no le corresponde por su tipo de seguro.

En el documento se detalla la situación de las personas que acuden por una emergencia a hospitales o clínicas que no corresponde por su tipo de seguro (Seguro Social de Salud o Seguro Integral de Salud). En estos casos, las normas vigentes no establecen cuál es el proceso para notificar a las aseguradoras de estas atenciones de emergencia generando que pacientes y familiares asuman el costo de dichas atenciones.

En la misma línea, la normativa actual no ha contemplado el procedimiento que debe seguirse para que, una vez superada la situación de emergencia, las aseguradoras públicas asuman el financiamiento de las atenciones que necesitan sus aseguradas/os cuando pasan a hospitalización o a unidades de cuidados intensivos y estas no cuentan con camas disponibles en sus establecimientos de salud. En estos supuestos el costo también se traslada a pacientes y sus familiares.

Carlos Almonacid, jefe del Programa de Salud de la Defensoría del Pueblo, explicó que en estos casos se suele trasladar el costo a la persona y sus familias, tal como ocurrió en la pandemia por la COVID-19. Para explicar la situación se refirió al caso de una persona adulta mayor afiliada al SIS que en una situación de emergencia tuvo que acudir a un establecimiento de EsSalud y firmó pagarés por los costos de su atención para su hospitalización. Ahora su familia tiene una deuda de 50 000 soles, luego de su lamentable muerte.

Asimismo, el funcionario indicó que la demora del Minsa para actualizar y desarrollar algunas normas no solo se presenta en este supuesto. En efecto, la institución ha podido identificar que el mismo problema presentan otras normas y leyes como la falta de reglamentación de la potestad sancionadora por trasgresión o incumplimiento de las políticas nacionales sectoriales, pendiente desde el 2018; así como normas sanitarias de nivel nacional, así como la actualización de la norma de referencia y contrarreferencia que data del 2004.