Defensoría del Pueblo: urge garantizar la remediación ambiental en el denominado Lote 1AB de responsabilidad de Pluspetrol Norte S. A.

Ante la falta de remediación y reparación de los daños causados por la actividad petrolera en la Amazonía, entre ellas, la realizada en el Lote 1AB, a cargo de la empresa Pluspetrol Norte S. A., hecho que vulnera el derecho fundamental de la población, en particular indígena, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, la Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae, que busca, con un conjunto de elementos y argumentos, evitar la impunidad ante tales hechos, como resultado de la nulidad de las resoluciones administrativas que sancionan y obligan a la mencionada empresa a iniciar un proceso de recuperación de la zona.

Cabe recordar que, en los territorios que abarcan los lotes 1AB y 8, al 2017 se reportó una población de 26 328 habitantes pertenecientes a los pueblos indígenas achuar, kichwa, urarinas, kukama-kukamiria, kandoshi y quechua, en situación de riesgo por exposición a metales pesados, que se agrava por los constantes derrames de petróleo y la postergación del inicio de las acciones de remediación ambiental.

En atención a esa realidad, la Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, que ve la causa sobre nulidad de resoluciones administrativas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en las que se determina la responsabilidad ambiental de Pluspetrol Norte S. A., con el objeto de que su fallo garantice la recuperación ambiental en el Lote 1AB (actualmente Lote 192), el cumplimiento de obligaciones ambientales y respeto de los derechos humanos.

En tal sentido, se dio cuenta del conjunto de recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo para garantizar la atención y remediación de los impactos ambientales causados por la actividad petrolera, incluyendo las relacionadas a la urgencia de remediar las áreas impactadas por los derrames de hidrocarburos pendientes de atención y la falta de un plan de abandono de la empresa Pluspetrol Norte S. A. Además, la institución expresó su preocupación por la liquidación de dicha empresa y exhortó al Estado peruano a que tome acciones para evitar que esto afecte la remediación ambiental.

La Defensoría del Pueblo enfatiza la importancia de que las empresas asuman su responsabilidad frente a las infracciones administrativas en las que incurran y a la vulneración de derechos que ocasionen. En este caso, de acuerdo a la información oficial, la empresa Pluspetrol Norte S. A. ha incumplido con medidas impuestas por el OEFA desde 2012 y no ha cumplido con la remediación ambiental de los impactos generados por su actividad.

Cabe recordar que el OEFA determinó en las resoluciones administrativas materia de discusión que la empresa Pluspetrol Norte S. A. es responsable por los sitios impactados en tanto estos últimos se produjeron en el periodo en el que la empresa se encontraba operando. Así también, en su calidad de entidad competente para identificar los pasivos ambientales, determinó que los sitios impactados presentados por dicha empresa como pasivos no lo son.

Para nuestra institución resulta de suma importancia que se garantice el cumplimiento de los mandatos administrativos dispuestos por las autoridades de fiscalización ambiental, en este caso el OEFA, lo contrario significaría un debilitamiento de la fiscalización ambiental, generando impunidad frente a la falta de remediación de los sitios impactados de responsabilidad de la empresa, en contra del cuidado del ambiente y la protección de los derechos fundamentales.

En ese sentido, urge que todas las instancias del Estado, entre ellas el Poder Judicial, dispongan medidas que garanticen la efectiva remediación ambiental de los impactos generados por las actividades petroleras, de tal manera que se evite la impunidad ante la comisión de infracciones ambientales y la vulneración de derechos fundamentales, tanto en este caso como en otros similares.

La Defensoría del Pueblo continuará con su labor de defensa de los derechos fundamentales, así como supervisando a las instituciones encargadas de garantizar que las empresas implementen las acciones destinadas a atender de manera efectiva los impactos ambientales que produzcan en su actividad y su adecuada remediación ambiental, bajo el principio de que el contaminador es responsable y en el marco de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Para mayor detalle, descargar: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/04/1.1-IJD-002-2023-DP-AMASPPI-Amicus-Curiae-Pluspetrol-vs-Oefa.pdf