Defensoría del Pueblo: nuevos titulares de gobiernos regionales y municipales no recibieron información de sus antecesores

La Defensoría del Pueblo advirtió que los/las nuevos/as gobernadores/as y alcaldes/as no recibieron información de sus antecesores/as sobre las acciones en la prevención en caso de emergencias y desastres. Así se pudo verificar al supervisar el proceso de rendición de cuentas y la transferencia de gestión de gobiernos subnacionales, regulado por la Contraloría General de la República (CGR).

En efecto, la institución supervisó ambos procesos al término del periodo del mandato (2019-2022) de las/los titulares de 12 gobiernos regionales y 18 municipalidades provinciales ubicadas en las capitales, con el objetivo de verificar el registro de la información en el aplicativo informático implementado por la CGR, advirtiéndose que, en este periodo, el 20 % no presentó el informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial, a pesar de que el plazo para su envío venció el 15 de noviembre de 2022.

Respecto al proceso de transferencia de gestión, solo el 47% de entidades supervisadas instalaron formalmente la Comisión de Transferencia de Gestión, lo que perjudicó eventualmente un adecuado traslado de la información que sirve para continuar prestando los servicios orientados a la satisfacción de las necesidades de la población.

Asimismo, en una supervisión complementaria realizada en el contexto de desastres naturales, se evidenció, a través del aplicativo de la CGR, que alcaldes/as de provincias en emergencia no recibieron información sobre gestión de riesgo de desastres del titular anterior.

“En las municipalidades más afectadas por las emergencias y desastres, como son Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Áncash, sus titulares omitieron mencionar en su informe de transferencia de gestión acción alguna sobre la prevención en caso de emergencias y desastres. Si bien, la Municipalidad de La Libertad precisó en su informe que había programado capacitar a 2620 personas en las 12 provincias de su jurisdicción, solo logró un avance de 38 %, esfuerzo que resulta insuficiente”, precisó Rosa María Pazos, jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, la funcionaria resaltó la importancia del uso del aplicativo informático creado por la CGR, de acceso público, ya que facilita el ejercicio de la vigilancia ciudadana sobre la gestión realizada por su autoridad saliente y, a partir de ello, permite realizar el seguimiento al inicio y desarrollo de las acciones emprendidas por el nuevo titular, tanto del gobierno regional como municipal.

De la misma manera, recomendó a la CGR aprobar lineamientos que aseguren el adecuado funcionamiento de la Comisión de Transferencia de Gestión; implementar mejoras en el aplicativo informático con participación de las entidades públicas involucradas y la sociedad civil, a fin de que se configure en una herramienta de uso sencillo, amigable y de fácil acceso; así como establecer otras alternativas para las municipalidades alejadas o en zonas rurales, teniendo en cuenta las brechas de conectividad digital existentes en el país.

Cabe indicar que la transición de mandatos no ha sido ajena al problema de suspensión de los servicios públicos municipales como seguridad ciudadana, gestión de residuos sólidos, limpieza pública, entre otros. En esa línea, se recomendó a la CGR determinar, desde los órganos de control institucional (OCI), las responsabilidades funcionales de las autoridades salientes en torno a garantizar la prestación de servicios públicos municipales y funciones esenciales, como la gestión de riesgo de desastres.

La Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento de la implementación de las recomendaciones expuestas, a fin de que el proceso de rendición de cuentas y de transferencia de gestión permita a la ciudadanía realizar un efectivo control social, así como contribuya a las autoridades entrantes a continuar con lo avanzado por la anterior gestión, para mitigar situaciones de riesgo que ponga en estado de indefensión a la población, como ocurre en los desastres naturales.