Defensoría del Pueblo solicita a la PNP acciones urgentes para garantizar la vida e integridad de lideresa indígena y su familia

Tras haber denunciado públicamente las amenazas de las que viene siendo víctima la lideresa indígena Olinda Silvano, la Defensoría del Pueblo expresa su especial preocupación por estos hechos y rechaza tajantemente cualquier tipo de acto que busque menoscabar la vida e integridad de la defensora indígena. Desde 2020, la institución ha conocido 18 casos de asesinatos a personas defensoras, vinculados a la labor de defensa de derechos que realizaban, lo que evidencia el incremento de su vulnerabilidad.

En ese contexto, la lideresa indígena ha manifestado que en ocasiones las dependencias policiales no han recibido sus denuncias, por falta de material probatorio. Ante ello, la Defensoría del Pueblo iniciará las investigaciones correspondientes ante dicha entidad para que adopte las acciones urgentes para determinar las presuntas responsabilidades y se proceda a aplicar las sanciones que se determine al personal policial.

Luego de visitar a Olinda Silvano en la comunidad de Cantagallo, la Defensoría del Pueblo constató la interposición de la denuncia en la Comisaría PNP de Piedra Liza, por lo que realizará seguimiento a tramitación de la misma. Asimismo, solicita al Ministerio Público realizar una investigación diligente, en el plazo razonable y con pertinencia cultural para identificar a los autores del presunto delito de extorsión, además de activar mecanismos de protección a favor de sus familiares, a través del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos.

“Hemos confirmado que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos activó el Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos a favor de la defensora indígena; por ello, solicitamos al MINUJSDH mantener un acompañamiento y monitoreo permanente de la situación de riesgo en la que se encuentra, para garantizar su vida e integridad y la de su familia, en el marco de sus competencias” indicó Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

De igual modo, al advertir el estado de inseguridad en la que se encuentra la comunidad de Cantagallo, la Defensoría del Pueblo solicita a la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital del Rímac adoptar las medidas correspondientes para articular y reforzar la seguridad ciudadana en la zona, a través de la presencia permanente de efectivos policiales y un mayor número de patrullaje preventivo en las cercanías de la misma.

“Frente a estos lamentables hechos, es importante recordar que las personas defensoras de derechos humanos y en su mayoría las defensoras de derechos de pueblos indígenas se encuentran en una constante situación de vulnerabilidad y expuestos a actividades que lindan con lo ilegal, generándole una vulneración sistemática de sus derechos y evitando que cuenten con espacios propicios y adecuados para el ejercicio de sus actividades de defensa”, añadió la funcionaria.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo destaca la pronta respuesta y activación del equipo multisectorial de los ministerios de Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, que acudió a brindar atención necesaria a la lideresa indígena, en el marco de sus competencias. En ese sentido, se hará seguimiento a los compromisos asumidos por dichos sectores del Ejecutivo.