Tras intervención de Defensoría del Pueblo 25 personas con discapacidad en Puno hicieron efectivo cobro de pensión no contributiva Contigo
Nota de prensaAl 2020, el programa tenía 1721 personas beneficiarias y 1258 personas en lista de espera en Puno, con una brecha de 42,2 % en la cobertura.

12 de abril de 2023 - 12:10 p. m.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno intervino ante el Banco de la Nación tras identificar barreras que impedían que 25 personas con discapacidad severa en situación de pobreza, de los distritos San Antón y Antauta, provincia Azángaro, puedan cobrar la pensión no contributiva del Programa Contigo, por no contar con la tarjeta Multired.
Al respecto, se tomó conocimiento, a través de la Asociación de Personas con Discapacidad, de que las oficinas de esta entidad bancaria no contaban con tarjetas físicas y debían viajar hasta las oficinas de Azángaro y Asillo; generando barreras a las personas con discapacidad.
Por otro lado, la sede defensorial también identificó que en la oficina San Antón, se venía entregando solo montos de cincuenta y cien soles a las/los beneficiarias/os continuadores del Programa Contigo, cuando bimestralmente se debía entregar 300 soles.
Frente a ello, la Oficina Defensorial de Puno recomendó al Banco de la Nación que gestione la eliminación de barreras que perjudican a las personas con discapacidad beneficiarias del programa, emitiendo las tarjetas Multired necesarias para el cobro de las pensiones sin que las personas deban desplazarse hasta la provincia de Azángaro, así como garantizando el pago completo.
De forma complementaria, se coordinó con el responsable de las Omaped de la región para reforzar la comunicación con la Asociación de Personas con Discapacidad, a fin de informar y asegurar el cobro oportuno de la pensión no contributiva del programa Contigo.
El Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad designado en la Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades públicas a eliminar las barreras que impiden el acceso a bienes, servicios y programas sociales para personas con discapacidad.