Defensoría del Pueblo pide a CEM Ica reconsiderar decisión en torno a presunto acoso político contra vicegobernadora

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación respecto a la decisión del Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Ica de no calificar como presunto caso de acoso político los hechos en agravio de la vicegobernadora regional, Luz Canales Trillo; así como de no tomar las acciones correspondientes. En ese sentido, se requirió a dicha entidad reevaluar esta medida, tras los nuevos elementos, uno de los cuales es la decisión del Consejo Regional de suspender a la autoridad por un periodo de 120 días sin goce de haber por presunta usurpación de funciones e inconducta funcional.

En efecto, pese a la gravedad de los hechos denunciados, que comprenden diversas medidas adoptadas por el Gobierno Regional de Ica que habrían tenido como propósito limitar las funciones de la vicegobernadora, el CEM consideró que no se evidenciaba ninguna manifestación de violencia que limite el derecho a la participación política de la autoridad o que impida el ejercicio de sus derechos políticos por su condición de mujer.

Cabe indicar que entre las medidas dispuestas por el Gobierno Regional de Ica, en agravio de la vicegobernadora, se incluye el recorte de diversas facultades como la de emitir comunicaciones al interior de la institución o de representar al gobernador regional en eventos o actos oficiales. También se habría ingresado a su despacho para hacer diversas tomas fotográficas y requerir información, pese a que la funcionaria se encontraba ausente. Asimismo, se le habría recortado el derecho al uso de vehículos oficiales.

Sin embargo, uno de los hechos más graves habría sido la decisión del Consejo Regional de Ica de suspender la semana pasada a la vicegobernadora, al haber aprobado un informe por presunta usurpación de funciones e inconducta funcional por haber asistido a diferentes reuniones sin la correspondiente delegación de facultades.

Ante ello, en un escrito enviado al titular del CEM Ica por el jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Hernández, se puso de manifiesto que las constantes restricciones al ejercicio de las funciones inherentes al cargo de la vicegobernadora constituirían fundamentos suficientes para el inicio de los procedimientos contemplados en la Ley n.° 31155, Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, por lo que se pidió a dicha entidad reconsiderar la decisión adoptada con anterioridad, a fin de brindar el acompañamiento especializado en su denuncia.

De manera paralela, el representante de la Defensoría del Pueblo informó que ha requerido al gobernador regional de Ica dejar sin efecto las medidas adoptadas desde su despacho que constituyan una limitación a las funciones de la vicegobernadora. Asimismo, requirió al Consejo Regional la información que sirvió de sustento para la aplicación de la sanción y dio a conocer que todas estas acciones serán comunicadas también al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora).