Defensoría del Pueblo alerta que los derechos de las mujeres se encuentran en emergencia

La Defensoría del Pueblo, en reunión con representantes de organizaciones de mujeres en su diversidad y de la sociedad civil, advirtió el incremento de los actos de violencia contra las mujeres en el país, los cuales cada vez más presentan mayor crueldad y ensañamiento. En el espacio de diálogo denominado “En emergencia por los derechos de las mujeres”, se señaló que urge la adopción de medidas concretas con un presupuesto adecuado para su implementación, y que no se puede retroceder en temas de atención y prevención de la violencia.

“Persisten dificultades en la adecuada aplicación de las normas vigentes para enfrentar la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones. Si bien desde el 2015 se han venido emitiendo normas para enfrentar el problema, en los hechos la situación no ha mejorado, lo que impacta no solo en la vida y derechos de las mujeres, sino en toda la sociedad en su conjunto”, señaló la defensora del pueblo, Eliana Revollar.

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil consensuaron una agenda con medidas y acciones que deben ser implementadas de manera urgente, la cual fue presentada en reunión de trabajo sostenida con la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, y con la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, Dorothy Estrada-Tanck, pertenecientes ambas a Naciones Unidas.

Entre las medidas acordadas se encuentran la elaboración de una nueva Encuesta de Uso del Tiempo y de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, que permitirán actualizar la estadística sobre brechas de género. Asimismo, se planteó la dotación de presupuesto y cumplimiento de la normativa vigente sobre la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), en el que, a la fecha, solo se cuenta con 8 distritos judiciales especializados de los 34 proyectados para diciembre de 2022.

Asimismo se llamó la atención sobre la urgente culminación de la reestructuración de los servicios que atienden a mujeres en todo su ciclo de vida, como los CEM, las Demuna y las UPE. Adicionalmente a ello, se instó a vincular en esta labor a gobiernos regionales y locales, a través del fortalecimiento de las instancias de concertación.

En ese marco, también es necesaria la emisión de una política nacional contra la violencia basada en el género, con presupuesto específico y que comprenda una estrategia nacional de prevención que incluya acciones concretas, metas e indicadores en todos los niveles del Estado, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres. Del mismo modo, urge establecer mecanismos para fortalecer instancias de concertación local y regional y el cumplimiento de sus funciones, en especial aquellas vinculadas a la creación y funcionamiento de los hogares de refugio temporal.

De otro lado, se consensuó en la importancia de enfrentar la problemática de las mujeres víctimas de violación sexual –que en su mayoría son niñas y adolescentes- y la necesidad de distribuir el anticonceptivo oral de emergencia para prevenir embarazos y riesgo a su salud y vida, a fin de evitar la revictimización por parte del Estado.

Esta y otras medidas, además de las propuestas acordadas con mujeres y organizaciones presentes en el evento del 29 de marzo, serán remitidas a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los sectores competentes, exhortando a su pronta implementación. Cabe indicar que, en la reunión, participaron representantes de organizaciones como Fovida, Manuela Ramos, Flora Tristán, Desco, Demus, Promsex, Mujeres Rimenses por un Mundo Sin Violencia, Defensoras Comunitarias, Red de Mujeres Migrantes, Red de Mujeres Trans, Mujeres Desaparecidas Perú, Miluska Vida y Dignidad, Asociación de Familias Unidas por Justicia, Care Perú, Participación Ciudadana Alternativa, entre otras.

En esa línea, la defensora del pueblo expresó la necesidad de escucharlas y articular espacios para recoger sus propuestas y exponerlas ante el Gobierno, de tal forma que se conviertan en alternativas para las políticas públicas frente a la violencia. Solo una gestión pública comprometida y sensibilizada con la lucha frontal contra la violencia de mujeres permitirá avances en la materia. La Defensoría del Pueblo supervisará el cumplimiento de dichas recomendaciones, ya que las mujeres en su diversidad no pueden esperar más, y sin la implementación de medidas como las acordadas es poco lo que se logrará cambiar.