Defensoría del Pueblo: sede en Tingo María pide garantizar uso debido de recursos durante estado de emergencia por lluvias

Tras la última declaratoria de estado de emergencia debido al incremento de las lluvias intensas, que incluye a varios distritos de las provincias de Leoncio Prado y Marañón, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María exhortó a las municipalidades comprendidas en esta medida a hacer un uso eficiente de los recursos que se destinen para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria, a fin de evitar cualquier acto de corrupción que pueda afectar la atención oportuna a las víctimas.

En efecto, en una decisión adoptada por el Ejecutivo, se dispuso incorporar a los distritos de Hermilio Valdizán, José Crespo y Castillo y Santo Domingo de Anda, de la provincia de Leoncio Prado; y a las comunas de La Morada y Santa Rosa de Alto Yanajanca, en la provincia de Marañón, dentro del grupo de localidades a nivel nacional que se encuentran actualmente bajo estado de emergencia debido a la intensidad de las precipitaciones pluviales.

Fue ante esta decisión que el Módulo Defensorial de Tingo María dirigió un conjunto de recomendaciones a las autoridades de los cinco distritos comprendidos en la declaratoria de estado de emergencia, a quienes solicitó reforzar las medidas de integridad en la ejecución de las contrataciones directas.

De acuerdo a información recogida por la sede defensorial, solo en el distrito de La Morada se registran tres zonas afectadas por las lluvias, con más de 130 familias en condición de damnificadas. En el distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, los daños en viviendas y parcelas agrícolas han ocasionado que cerca de 15 familias resulten afectadas, mientras que en Santo Domingo de Anda se reportan cinco localidades afectadas por las inundaciones. Por su parte, en el distrito de Hermilio Valdizán se registran daños provocados por huaicos y deslizamientos ocurridos en toda la comuna.

En ese sentido, se exhortó a las autoridades a recabar más de una cotización con proveedores relacionados con el rubro del bien o servicio a contratar y a requerir que las cotizaciones incluyan información objetiva sobre su experiencia. Asimismo, que la información que brinde el proveedor y cualquier impedimento para contratar con el Estado sea verificada en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce).

Según explicó el coordinador del Módulo Defensorial de Tingo María, Jorge Mendoza, estas recomendaciones buscan evitar cualquier acto de corrupción en el manejo directo de los recursos públicos, que podría darse con motivo del estado de emergencia. Por ello, el representante de la Defensoría del Pueblo también pidió que se recuerde al personal de las municipalidades que intervendrá en el manejo de los presupuestos y contrataciones sobre las sanciones de tipo penal y administrativa que recaen sobre quienes incurren en irregularidades o actos de corrupción.

“La habilitación de las contrataciones directas, en el marco de una emergencia como la actual, incrementa exponencialmente los riesgos de corrupción que pueden poner en peligro los objetivos de la intervención, y con ello impedir la materialización de los derechos fundamentales de las personas, por lo que resulta fundamental que las autoridades actúen de manera preventiva”, precisó.