Pronunciamiento en defensa de la vida y de la democracia

Defensoría del Pueblo

Los peruanos y las peruanas ratificamos periódicamente, mediante el voto popular, nuestra fe en la democracia. Y esperamos que esa democracia considere prioritaria la vida de cada uno de nosotros: estudiantes, policías, médicos, soldados, pueblos indígenas, empresarios, periodistas y funcionarios públicos. Todos y todas, cuyas historias no pueden ser interrumpidas por balas, pedradas o fuego.
Constatamos con pesar que se ha perdido sensibilidad para valorar la vida; entonces, se la expone o se la ataca sin considerar su condición de única e irrepetible. La muerte de personas en protestas no es “costo social”, ni “daño colateral”. Es una afectación irremediable que sume en un dolor profundo a las familias, y profundiza las grietas emocionales y culturales entre todos nosotros.
En este escenario de notorias urgencias, la forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo. Cada día que pasa, la vida de alguien está en peligro, y la democracia -ese gran anhelo republicano- se va deshaciendo ante nuestros ojos.
Nuestro personal está en hospitales, comisarías, en los lugares de las marchas, y en comunicación con entidades estatales y organizaciones sociales; aceptados por unos, rechazados por otros. Nunca será suficiente defender derechos humanos en el Perú. Pero estamos también para recordar y recuperar el sentido ético de la función pública y de la conducta ciudadana, en cuyo centro está y estará siempre la vida humana.