Instamos a Municipalidad de Lima, GORE Lima y GORE Callao a liderar articulación con sectores y gobiernos locales frente a lluvias intensas

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima dio a conocer el resultado de la supervisión sobre medidas preventivas adoptadas en los distritos de la capital y de la provincia constitucional del Callao, advirtiéndose que en 15 distritos que albergan a un gran número de puntos críticos por inundaciones de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, sus alcaldes incumplieron sus deberes legales de programar y ejecutar presupuesto para intervenciones de protección frente a tales inundaciones y para brindar ayuda a personas damnificadas. Ello resulta preocupante ante el anuncio del incremento de lluvias en la costa central del país, que podrían dejar a numerosas familias en situación de vulnerabilidad.

Los distritos que con puntos críticos son Carabayllo, Puente Piedra, Comas, Los Olivos, San Martin de Porres, Chaclacayo, Lurigancho Chosica, Ate, El Agustino, Lima Cercado, Carmen de la Legua Reynoso, Cieneguilla, Pachacamac, Lurín y San Juan de Lurigancho. De acuerdo a la Autoridad Local del Agua, en ellos se encuentran 302 puntos críticos ubicados en las cuencas bajas y medias de los referidos ríos.

Pese a esta situación, la supervisión desarrollada por la sede defensorial en Lima pudo advertir que, durante los dos primeros meses de 2023, las municipalidades de El Agustino, Carabayllo, Los Olivos y San Juan de Lurigancho no programaron recursos para actividades de protección frente a lluvias intensas e inundaciones. En el caso de Chaclacayo, Lurigancho, Carmen de la Legua, Cieneguilla, Pachacámac, Lurín, Puente Piedra, San Martín de Porres y Comas registran avances del 0% y otras registraron 0% o no superan el 8 % de ejecución. Por su parte, las comunas de Chaclacayo, Lurigancho, Ate, Carabayllo y San Martín de Porres tampoco programaron recursos para control de zonas críticas, fajas marginales, mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física ante peligros

La supervisión desarrollada por la Oficina Defensorial de Lima también puso especial interés en verificar la articulación existente entre los centros de operaciones de emergencia locales (COEL) de los 42 distritos de la capital y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima (COER MML), advirtiéndose que 14 distritos (Independencia, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, Barranco, Magdalena, La Victoria, Santa Anita, Pucusana, Punta Negra, Villa María del Triunfo y Pachacámac) no se comunican diariamente con el COER MML para reportar información sobre peligros y emergencias en sus respectivas jurisdicciones.

Asimismo, que los COEL de 24 distritos (Ate, VMT, Surco, Chorrillos, El Agustino, Santa Anita, La Victoria, San Miguel, La Molina, Pachacámac, Surquillo, Breña, Jesús María, San Isidro, Magdalena, Lince, San Luis, Chaclacayo, Cieneguilla, Barranco, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra y Santa María del Mar) no cuentan con acceso al Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (Sinpad), pese a ser necesario para el registro de emergencias. Asimismo, que 20 de las 42 comunas aún no identifican los puntos de reunión seguros en caso de desastres. Estas son Ate, Comas, VMT, VES, Carabayllo, San Juan de Miraflores, Surco, Puente Piedra, Chorrillos, Los Olivos, Lurigancho, Independencia, Santa Anita, La Molina, San Borja, Lurín, Miraflores, San Isidro, Chaclacayo, Cieneguilla

Además, que no existen albergues formalizados ni implementados. Y respecto de Almacenes Adelantados de Bienes de Ayuda Humanitaria en Lima Metropolitana, 15 de 42 distritos no los tienen implementados, ya sea por cuanto no gestionaron suscripción de convenios para implementación con la MML o porque estos caducaron y omiten gestionar su renovación.

Ante estos hallazgos, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta, hizo un llamado al alcalde de Lima Metropolitana y a los gobernadores regionales de Lima y Callao a articular con los sectores y gobiernos locales para el monitoreo de zonas críticas por inundaciones (quebradas, ríos) para tomar medidas o alertar evacuación. Asimismo, instó a los alcaldes y gobernadores asegurar capacidad financiera para abastecer almacenes, implementar albergues, y reforzar dotación de personal edil, de materiales de contención y maquinarias suficientes para atender situaciones de aniegos, así como en viviendas y vías urbanas.

En el pedido, Huerta pidió a las autoridades mantener activos sus centros de operaciones de emergencia y sus plataformas de defensa civil, así como organizar a la población para que esté preparada ante la necesidad de eventuales evacuaciones.

El representante de la Defensoría del Pueblo también pidió que se ponga especial atención en las zonas donde las viviendas sean de adobe, quincha y otros materiales, a fin de que se adopten medidas para evitar colapsos que pongan en riesgo la vida de sus ocupantes. Finalmente, informó que estos hallazgos han sido trasladados a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Coordinación Nacional de las fiscalías en prevención del delito, para que adopten acciones de acuerdo a sus competencias.