Exhorta al Tribunal se Servir a reevaluar precedente administrativo que impide sancionar a docentes por violencia contra estudiantes

La Defensoría del Pueblo exhortó al Tribunal del Servicio Civil a reevaluar inmediatamente el precedente administrativo dictado por esta instancia, el cual impide sancionar a docentes en casos de violencia contra estudiantes por prescripción de plazos no previstos en la Ley de Reforma Magisterial, conforme le fue recomendado en el Informe n.° 04-2022-DP-AAE de la institución.

Según cifras del SíseVe del Ministerio de Educación, en el año 2022 se registraron 4517 casos de violencia escolar realizada por parte del personal de las instituciones educativas hacia los estudiantes, de los cuales, 2088 se trataban de casos de violencia psicológica, seguidos por 1498 relacionados a violencia sexual y 931 sobre violencia física. En el año 2019, prepandemia, se habían registrado un total de 6553 casos de violencia docente-estudiante.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo verificó que, entre los años 2018 y 2020, el Tribunal del Servicio Civil emitió 101 resoluciones en las que dejó sin efecto la medida administrativa impuesta al personal docente por prescripción, ya que los plazos de investigación y sanción se habían vencido. Dentro de las sanciones dejadas sin efecto, 16 involucraban casos de violencia física, psicológica y sexual en agravio de estudiantes, que incluso fueron registrados en video y publicitados en medios periodísticos.

Estas resoluciones han permitido el retorno a las aulas del personal docente agresor, lo cual supone la vulneración del derecho a recibir una educación en un ambiente libre de riesgos para la integridad de las y los estudiantes. Así, se ha podido evidenciar que el Tribunal del Servicio Civil inaplicó el principio del Interés Superior del Niño y se alejó de los fines específicos que persigue la regulación legislativa en el sector educativo y magisterial, que precisamente en tutela de dicho interés prevé una regulación especial muy flexible para la investigación y sanción de docentes, agentes centrales del proceso educativo, a los cuales se les exigen altas condiciones de idoneidad ética y moral.

En ese sentido, se recuerda que, mediante el citado informe, la Defensoría del Pueblo hizo notar al Tribunal del Servicio Civil que la Constitución Política garantiza una protección reforzada a los derechos de niñas, niños y adolescentes y que en esta línea, la Ley n.º 28044, Ley General de Educación, exige al personal docente idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental, que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Por lo tanto, la escuela debe ser un ambiente libre de riesgos de violencia, en particular de parte de los docentes, donde niñas, niños y adolescentes logren su formación y desarrollo integral.

Por esta razón, preocupa a la institución que el Tribunal del Servicio Civil, aplique plazos de prescripción que corresponden a la Ley del Servicio Civil y a la Ley del Procedimiento Administrativo General, para limitar la potestad sancionadora establecida en la Ley n.º 29944, Ley de Reforma Magisterial, sin tener en cuenta que esta se trata de una norma de carácter especial que no ha previsto plazos de prescripción, debido a que garantiza el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de niñas, niños y adolescentes.

Adicionalmente, los plazos máximos aplicados por el Tribunal del Servicio Civil para determinar la imposición de una sanción, debido a la concreta y real configuración del sector educación a nivel nacional, resultan evidentemente muy breves para investigar y resolver las denuncias por faltas graves y muy graves dirigidas contra el personal docente, sobre todo, cuando se trata de casos complejos y altamente sensibles como son los hechos de violencia contra estudiantes que, de acuerdo a las cifras registradas en el Portal SíseVe el año 2022, van en aumento.