Defensoría del Pueblo sustentó posición institucional ante TC a favor de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjunta para los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés, sustentó un amicus curiae en el que reafirma su posición sobre la necesidad de que el Estado garantice la información y distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en todos los servicios de salud pública. Esta posición fue presentada en una audiencia pública del Tribunal Constitucional (TC), en donde se ratificaron argumentos jurídicos acorde con estándares constitucionales e internacionales de protección de derechos humanos que obligan a todo el Estado peruano.

Así, en la sentencia del caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica (2012), la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la protección gradual e incremental del derecho a la vida y el inicio del embarazo con la implantación del óvulo fecundado. En esa línea, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han reafirmado enfáticamente que la AOE no tiene efecto abortivo, sino anticonceptivo, previniendo la ovulación y que el esperma alcance el óvulo maduro. Por ello, el Estado debe garantizar este servicio en atención al grave problema de salud pública y del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en su diversidad.

La situación se agrava en las víctimas de violación sexual, en su mayoría, menores de edad expuestas a embarazos forzados. Al respecto, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2022, se registraron 11630 casos de violación sexual, de las cuales 7614 (65.5 %) afectaron a niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, en el 2022, se reportaron 192 casos de niñas y adolescentes entre 11 a 14 años que tuvieron hijos/as; y en lo que va del año (01 de enero al 27 de febrero) ya se han registrado 71 casos.

Cabe indicar que la AOE es un componente indispensable del kit de emergencia que se brinda a una víctima de violación sexual, medida que responde al reconocimiento de esta problemática como un tema de salud pública que busca tutelar el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, reconocido en el artículo 2 de la Constitución y tratados internacionales de obligatorio cumplimiento.

Si bien a la fecha la AOE se viene distribuyendo por la vigencia de una medida cautelar emitida en el marco de este proceso constitucional, prohibir su distribución gratuita sería un retroceso en la protección de derechos, lo que vulneraría directamente los derechos fundamentales de las mujeres más pobres, esta vez por parte del propio Estado. Ello ocurriría porque si bien la AOE puede adquirirse en las farmacias privadas por aquellas mujeres que cuentan con recursos económicos, impidiendo el acceso a mujeres de bajos recursos.

Por todo lo expuesto, ad portas del Día Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, en estricto respeto de la autonomía e independencia jurisdiccional, confía en una decisión del Tribunal Constitucional acorde con el derecho nacional e internacional de protección de derechos humanos y estándares científicos, tomando cuenta el enfoque de género y la realidad que viene afectando a las mujeres en todo su ciclo de vida.