Defensoría del Pueblo recuerda necesidad de garantizar continuidad de atención integral de niña en Piura

Respecto al caso de niña de 10 años embarazada en Piura, a quien se le practicó una cesárea, la Defensoría del Pueblo viene supervisando la atención brindada a su salud física por el Hospital de la Amistad Perú – Corea Santa Rosa II-2 de esta región. En ese marco, ha solicitado que se le garantice su atención integral y multidisciplinaria.

Por una parte, se ha verificado que, mediante la intervención del CEM, se viene brindando asistencia legal, psicológica y social a niña. Además, constatamos que la intervención de la Unidad de Protección Especial (UPE) ha dispuesto el inicio del procedimiento por desprotección familiar para garantizar su cuidado y protección, disponiendo que ingrese temporalmente a un centro de acogida residencial.

Asimismo, la Oficina Defensorial en Piura ha solicitado formalmente a la Policía Nacional y al Ministerio Público que realice una investigación con celeridad y diligencia excepcional priorizando el interés superior de la niña, para garantizar su derecho de acceso a la justicia y encontrar al/los responsable/s.

El presente caso debe permitir recordar que el embarazo a temprana edad afecta el ejercicio de los derechos fundamentales, el desarrollo integral, acceso a oportunidades y la integridad física y psicológica de niñas y adolescentes. Al respecto, en lo que va de 2023, según el Ministerio de Salud, 71 niñas y adolescentes mujeres entre 0 y 14 años fueron madres. Ante ello, debemos resaltar que, de acuerdo con nuestra legislación, en un embarazo por debajo de los 14 años de edad, se considera que la persona fue víctima de violación sexual.

También, resulta preocupante que el número de casos de violación sexual reportados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el 2022, sea de 8 100 casos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, siendo las niñas y adolescentes mujeres las que registran mayor cantidad con 7 614 casos.

En esa línea, es fundamental destacar que un embarazo en niñas y adolescentes tiene múltiples repercusiones, tanto a nivel individual (salud física y mental) como social, en tanto limita el ejercicio de sus derechos y oportunidades a lo largo de su proyecto de vida; incluso, perpetúa la transmisión intergeneracional de la pobreza. Cabe precisar que dicho embarazo ha sido catalogado como tortura por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

En ese sentido, esta institución recuerda la urgencia de que el Estado garantice el derecho de acceso a la justicia y la atención integral de la salud de niñas y adolescentes embarazadas como producto de violación sexual, así como la necesidad de adoptar medidas preventivas a través de una adecuada implementación de la educación sexual integral desde la escuela y en articulación con aliados de la comunidad.

Finalmente, la institución seguirá vigilante del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las autoridades competentes a fin de garantizar la continuidad en la atención integral y multidisciplinaria de la niña.