Defensoría del Pueblo supervisa distrito de Campo Verde en Ucayali y detecta cobros ilegales en colegio público

En una supervisión al distrito de Campo Verde, en la provincia de Coronel Portillo, la Oficina Defensorial de Ucayali pudo detectar distintos casos de vulneración de derechos fundamentales que deben ser atendidos con urgencia, siendo uno de ellos el cobro ilegal de distintas sumas de dinero en una de las instituciones educativas públicas de la localidad.

Esta situación pudo ser advertida en la institución educativa Augusto Salazar Bondy, donde se detectó que el personal administrativo, en coordinación con la dirección, exigía el pago de más de 50 soles que resultaban de distintos conceptos irregulares que no se encuentran contemplados en ninguna norma legal o reglamentaria, menos en la directiva que regula el proceso de matrícula escolar en instituciones educativas de educación básica.

Como ejemplo de ello, el plantel pedía que se abonen 30 soles por aporte pedagógico y 5 soles para el área de Tecnologías de la Información y Comunicación. Además, se debía pagar 2 soles por concepto de tutoría y orientación educativa, 5 soles para el registro de la ficha personal, 5 soles adicionales por carnet y 10 soles por hojas informativas, todo lo cual hacía un total de 57 soles que debían ser abonados como condición para continuar con el proceso de matrícula.

Se pudo evidenciar, también, que estos cobros quedaban registrados en un acta, con la conformidad de los padres y madres de familia. Ante ello, la oficina defensorial se reunió con la directora del plantel, quien señaló que la medida se justificaba debido a las múltiples necesidades por la que atraviesa la institución educativa.

No obstante, desde la sede defensorial se recordó a la autoridad escolar que las instituciones educativas públicas están sujetas al principio de legalidad y, en consecuencia, solo pueden cobrar por conceptos establecidos por una norma legal, precisándose también que el acceso a la educación pública debe ser gratuito y libre de cualquier condicionamiento. Tras ello, se pidió a la autoridad suspender dicho cobro y devolver el dinero a cada madre o padre de familia.

Otro de los graves problemas detectados en este distrito fue que más de 3 000 viviendas son abastecidas con agua no apta para el consumo humano, pues esta proviene de un pozo que tiene una antigüedad de 30 años. Debido a ello, la población perforó dos pozos adicionales pero el agua estaba contaminada con hierro, manganeso, arcilla y barro, por lo que dejaron de utilizarlos.

Ante este panorama, la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Campo Verde optó por distribuir el agua a través de cisternas de la EPS Emapacop. Sin embargo, no se tiene un registro de la cantidad de viviendas que no han accedido a este beneficio. Ante ello, se exhortó al gerente municipal a actualizar el registro de usuarios/as a los que se brinda el agua a través de cisternas y el número de personas que no estarían siendo abastecidas. También se le instó a elaborar un cronograma sobre el abastecimiento de agua por medio de cisternas a efectos de garantizar una correcta distribución.

La jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Susana Huamán, informó que su despacho continuará desarrollando supervisiones similares en otros puntos de la región a fin de garantizar los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad. Además, recordó que la ciudadanía puede presentar sus quejas o reclamos en la sede defensorial ubicada en el jirón Libertad 354, del distrito de Callería, a través de la línea Whatsapp 995873582 o mediante el correo electrónico oducayali@defensoria.gob.pe.