Defensoría del Pueblo: Minedu debe priorizar capacitación docente, entrega de materiales, salud emocional de estudiantes, entre otros temas

La Defensoría del Pueblo destacó las acciones adoptadas y por implementarse por parte del Ministerio de Educación (Minedu), que permitirán asegurar la prestación del servicio educativa durante el año escolar 2023, en beneficio de millones de estudiantes. En esa línea, la institución recordó que también se debe priorizar temas esenciales, como la salud mental y emocional de las/os estudiantes, la capacitación docente, entre otros.

Cabe resaltar que el Minedu abordó aspectos vinculados a la gestión para la contratación del servicio de internet para estudiantes y docentes; los recursos destinados a la entrega de materiales educativos; las acciones para asegurar el bienestar emocional de las y los estudiantes; así como las capacitaciones brindadas al personal docente.

En esa línea, se precisó que, durante la pandemia por el COVID-19, se compró y entregó 1 375 922 tablets a estudiantes y docentes del quintil 1 y 2 de pobreza, y se entregó el servicio de internet (plan de datos) a 634 915 estudiantes y 60 546 docentes. Con el fin de asegurar la conectividad de docentes y estudiantes beneficiarios de las tablets, el Minedu ha emitido el “Requerimiento de disponibilidad presupuestal para la UE 120 – DIGERE, para la contratación del Servicio de Plan de Datos Fase 1 y 2 para el 2023”.

Asimismo, para el año 2023, el Minedu señaló que ha ejecutado el gasto de 39 millones 411 mil soles para garantizar la entrega de materiales educativos a estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de instituciones educativas públicas, Dicho material comprende juegos de mesa y material impreso para niños/as de 4 y 5 años de edad, cuadernillos de Comunicación y Matemática para estudiantes de primer a sexto grado de primaria, y fichas de aprendizaje de las mismas áreas curriculares para estudiantes de primer a quinto grado de secundaria.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo puso en agenda de dicho ministerio la necesidad de atender la salud mental y emocional de las y los estudiantes de la educación básica, a fin de garantizar su derecho a recibir una educación libre de violencia. Al respecto, el Minedu informó de las acciones programadas para el año 2023 con el fin de “promover y fortalecer la formación integral y el desarrollo del bienestar de las y los estudiantes por medio del acompañamiento socioafectivo y cognitivo”.

Así, por ejemplo, en el nivel inicial, se ha programado trabajo con las familias para prevenir la violencia sexual contra niños/as; en el nivel primaria, se brindará asistencias técnicas dirigidas a especialistas de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL); y en el nivel secundaria, se ha programado la entrega del Kit de bienestar socioemocional.

Con relación a la disponibilidad de personal docente debidamente capacitado, el Minedu informó que, en 2022, el 43 % del personal docente de instituciones educativas públicas de educación básica (165 353) recibió al menos una acción formativa en el marco de la formación profesional docente. Del universo de docentes capacitados, el 52 % se ubica en escuelas de área rural; para docentes de zona rural y usuarias/os de las tablets compradas por dicho ministerio, se brindó el Programa de Fortalecimiento de Competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles, atendiendo a 47 344 docentes.

La Defensoría del Pueblo saluda estas acciones adoptadas y planificadas por el Minedu e insta a que se aborden otros aspectos fundamentales, como el logro de aprendizajes de las competencias, la reinserción de estudiantes que salieron del sistema educativo y la cobertura de vacantes escolares para que el servicio educativo público atienda el traslado masivo de estudiantes de colegios privados.

Asimismo, la institución viene haciendo seguimiento de las acciones que se vienen desarrollando frente a estos problemas, y continuará supervisando la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas, con el fin de garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes de educación básica.