Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad contra ordenanzas distritales que regulan indebidamente el tránsito

La Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC), una demanda de inconstitucionalidad contra 9 municipalidades distritales que han regulado de manera indebida el tránsito terrestre a través de diversas ordenanzas que crean nuevas infracciones vehiculares -además de las contenidas en el Reglamento Nacional de Tránsito- y sancionan su incumplimiento.

Esta medida surge como consecuencia de una inacción de las autoridades distritales a las múltiples recomendaciones que nuestra institución ha remitido durante años para frenar el abuso de autoridad y fomentar el adecuado control de las normas de tránsito en diversos distritos de la capital: Breña, Carabayllo, El Agustino, Independencia, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Rímac y San Borja.

Según nuestra Constitución Política y la legislación aplicable, las municipalidades distritales no pueden regular el tránsito terrestre, porque dicha competencia le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como órgano de gobierno nacional. Tampoco pueden ejercer el control del tránsito por ser competencia de la municipalidad provincial, la que, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), supervisa y sanciona las infracciones sobre la materia, incluidas las faltas relacionadas al estacionamiento vehicular.

Por su parte, el TC cuenta con una posición uniforme en sus sentencias, pues ha determinado que la competencia para regular el tránsito terrestre le corresponde al gobierno central y no a los gobiernos distritales.

En ese sentido, nuestra institución ha solicitado a dicho tribunal que elimine las normas emitidas de manera inconstitucional por los municipios y fije criterios obligatorios a nivel nacional para que otras autoridades no incurran en esta práctica contraria a la Constitución.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al TC que exhorte a las municipalidades distritales y provinciales, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la PNP y al MTC, en tanto órganos competentes para regular y fiscalizar el tránsito terrestre, para que trabajen articuladamente en el control del tránsito, en aras de garantizar la seguridad vial, así como el derecho a la vida, salud, integridad y a un ambiente sano y equilibrado de todas sus vecinas/os.

Mientras tanto, se mantendrá vigilante en el desarrollo del proceso y hace un llamado a las nuevas autoridades ediles a revisar sus normas sobre la materia para corregir el mal accionar de las anteriores gestiones.