Defensoría del Pueblo: Minedu y gobiernos regionales deben garantizar condiciones adecuadas para educación intercultural bilingüe

Al conmemorarse, mañana 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna, la Defensoría del Pueblo recuerda al Estado peruano la importancia y la necesidad de cautelar que más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas y originarias aprendan y ejerzan su derecho a la educación en sus lenguas maternas, además del castellano, con la finalidad de garantizar su pleno desarrollo y recibir una educación de calidad.

Con dicha finalidad, la institución requirió a 23 direcciones y gerencias regionales de Educación, con excepción de Tumbes y Callao, implementar acciones destinadas a asegurar el buen inicio del año escolar 2023 a favor de estudiantes indígenas de sus respectivos ámbitos territoriales. Es decir, que se garantice una adecuada contratación de docentes bilingües, así como la distribución y entrega oportuna de materiales y recursos educativos, entre otras medidas.

“Es importante recordar que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es un derecho fundamental reconocido en la normativa nacional e internacional, que busca que niñas/os y adolescentes indígenas, desde los primeros años de escolaridad en adelante, reciban una educación en sus primeras lenguas, de modo que se logre una mejor comprensión de los aprendizajes y se proteja su identidad étnica y cultural. Esta forma de brindar el servicio educativo transforma la mirada de desarrollo, considerando sus necesidades particulares y los entornos en los que viven”, señaló Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Para ello, la representante de la institución explicó que es obligación del Estado, a través de sus distintos niveles de gobierno, fortalecer y asegurar la prestación de la EIB de manera eficiente, transparente y participativa. Uno de los aspectos más importantes, sostuvo, es garantizar la contratación oportuna de docentes para las escuelas EIB, labor que recae en el Ministerio de Educación, en las direcciones o gerencias regionales de Educación y en las unidades de gestión educativa local (UGEL). De otro lado, Aedo precisó que con ello se busca garantizar el dominio oral y escrito de las lenguas indígenas de cada zona, de acuerdo a las formas de atención de cada institución educativa EIB.

La representante de la Defensoría del Pueblo también precisó que otro de los aspectos esenciales para garantizar este derecho es que las y los estudiantes indígenas cuenten con los materiales y recursos educativos desde el primer día de clase. Con dicha finalidad, Aedo informó que el Ministerio de Educación ha iniciado la distribución de materiales educativos, de los cuales 1 762 914 unidades están dirigidos a instituciones educativas EIB y han sido elaborados en 42 lenguas originarias. “Los gobiernos regionales deben redoblar esfuerzos para garantizar su distribución, ejecutando el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para la contratación del servicio de transporte y traslado de los materiales a los planteles”, refirió.

Asimismo, reiteró al Ministerio de Educación la urgencia de adoptar medidas para actualizar la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) — que está en proceso desde mediados del año 2019—, con la finalidad de establecer líneas de acción o estrategias específicas que cuenten con indicadores, metas definidas y presupuesto para mejorar la calidad educativas de los y las estudiantes indígenas.

En esa línea, y considerando la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas remarcó que es imprescindible que el Estado peruano y los gobiernos regionales con población estudiantil indígena cumplan con adoptar medidas idóneas y sostenidas en el tiempo para garantizar la Educación Intercultural Bilingüe a fin de que las y los estudiantes indígenas usen, preserven y revitalizan las lenguas originarias heredadas de sus antepasados y además se generen condiciones para transmitir y custodiar sus conocimientos y manifestaciones culturales.

Finalmente, anunció que la Defensoría del Pueblo continuará supervisando la adecuada implementación de medidas dirigidas a garantizar este derecho, a fin de proteger la identidad de más de 4.5 millones de peruanas y peruanos que hablan una de las 48 lenguas indígenas u originarias reconocidas en nuestro país.