Defensoría del Pueblo registró 219 conflictos sociales y más de mil acciones colectivas de protesta durante el mes de enero 2023

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales n.° 227, correspondiente al mes de enero de 2023, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 219 conflictos sociales registrados (156 activos y 63 latentes). El conflicto vinculado a la crisis política registra 60 muertes, entre diciembre, enero y febrero, producto de enfrentamientos entre civiles, policías y militares, y bloqueo de carreteras; también dio lugar a 1261 acciones colectivas de protesta.

En este mes se resolvieron dos casos. Uno de estos se registra en Huánuco, donde la ciudadanía reclamaba al alcalde distrital de Umari la rendición de cuentas de la gestión municipal. Al respecto, el 21 de diciembre se abrió la Municipalidad Distrital de Umari para reiniciar el proceso de transferencia entre las gestiones entrante y saliente. Actualmente, al haber asumido funciones la nueva gestión del gobierno local, la medida de fuerza iniciada contra la anterior administración ha quedado sin efecto.

El otro caso involucró a las organizaciones de pescadores artesanales de las provincias de Sechura, Paita y Talara, las cuales exigían la derogación de la Ley n.° 31622, Ley que fortalece la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales. Con la promulgación de la Ley n.° 31673, que modifica la Ley n.° 31622, al tener por objeto despenalizar la pesca artesanal y capturas incidentales; no se han vuelto a registrar protestas por parte de las organizaciones de pescadores artesanales.

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (30 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (20) y Apurímac (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.4 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.7 %.

Se registraron 1261 acciones colectivas de protesta en el mes de enero, la cifra más alta desde que inició el registro de protestas. Del total, el 86.7 % (1093) están relacionadas al conflicto vinculado a la crisis política. De las 1261 protestas sociales, el 38.4 % fueron movilizaciones, el 20.3 % corresponden a bloqueos de vías, y el 17.1 % respondieron a los plantones o concentraciones del momento.

Del total de casos activos, el 66.7 % (104 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 82 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 82.1 % (87 casos) corresponde a casos socioambientales.

En el marco del conflicto relacionado a la crisis política, 31 personas murieron (30 civiles y 1 policía) y 856 resultaron heridas (590 civiles y 266 policías). Del total de fallecidos, 26 perdieron la vida en enfrentamientos, 4 murieron producto de accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de vías, uno por hechos de violencia vinculados al conflicto.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 5 alertas tempranas (ver página 13 del reporte), para que actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 3 son conflictos activos y 2 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: