Defensoría del Pueblo presentará acción de inconstitucionalidad contra la ley que modifica decreto legislativo de migraciones

La Defensoría del Pueblo manifiesta su rechazo ante la reciente aprobación de la Ley n.o 31689, que modifica los artículos 10, 45, 61 y 63 del Decreto Legislativo n.° 1350, Ley de Migraciones, no solo por promover estereotipos que estigmatizan a las personas refugiadas y migrantes para asociarlas a la delincuencia, sino también por constituir una amenaza a sus derechos fundamentales.

Si bien el Estado tiene la facultad de regular sus políticas migratorias conforme a su soberanía, y establecer medidas para la lucha contra la criminalidad, el ejercicio de dichas facultades, no debe asociar migración con criminalidad. Asociar dichas figuras implica partir de una premisa discriminatoria basada en la nacionalidad de la persona o en su situación migratoria. La situación de irregularidad migratoria de una persona, no implica la comisión de un delito.

Instrumentalizar las normas migratorias con fines de persecución y prevención del delito, las desnaturaliza y puede afectar derechos humanos. Así, la norma no ha contemplado el efecto que tendrá sobre las personas solicitantes de refugio, a quienes les ampara la protección del Estado peruano y derechos y principios, entre ellos el principio de no sanción por ingreso irregular.

Por otro lado, asigna a quienes brindan servicio de hospedaje y arrendamiento labores de fiscalización, estableciendo sanciones a quienes arrienden un inmueble o brindan alojamiento a personas extranjeras en situación irregular.

Dicha situación afectará el derecho de acceso a vivienda de la población extranjera, sin considerar la presencia de grupos de especial protección, como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres gestantes, personas adultas mayores, entre otros; así como a las/los peruanas y peruanos que alquilan sus viviendas para tener un ingreso económico.

Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo, en su oportunidad, alcanzó al Congreso de la República el Informe Jurídico Especializado n.° 012-2022-DP/ADHPD, advirtiendo que las reformas propuestas no resultan ser la vía idónea para combatir o reducir la inseguridad ciudadana, pues criminalizan la migración irregular, promueven estereotipos que no solo estigmatizan a las personas refugiadas y migrantes, sino que afectan su dignidad, validando discursos discriminatorios y xenofóbicos.

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo presentará acción de inconstitucionalidad contra la Ley n.o 31689 por contravenir las obligaciones internacionales del Estado peruano y el marco jurídico nacional para la protección de las personas en movilidad internacional.