Instamos al Pronied a adoptar medidas para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad en las instituciones educativas

La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), advirtió que, según el Censo Educativo 2022, del total de 92 628 instituciones educativas públicas y privadas, solo 11 911 (12.86 %) indicaron que cuentan con infraestructura suficiente para responder a las necesidades educativas especiales de las y los estudiantes.

En atención a ello, la institución realizó la supervisión nacional “El derecho a la educación inclusiva en el contexto de retorno a la educación presencial”, en la que visitó 92 escuelas, identificando que la mayoría de ellas presentan barreras de accesibilidad física, principalmente en los servicios higiénicos, toda vez que el 68 % de estos no están adaptados para el uso de personas con discapacidad en sillas de ruedas. Asimismo, el 47 % de las aulas presentan obstáculos para ingresar y desplazarse en silla de ruedas, el 46 % de las áreas recreativas tienen desniveles y el 39 % no cuenta con rampas de ingreso al local educativo.

Malena Pineda, jefa del MICDPD, manifestó que el mantenimiento preventivo en las escuelas carece de enfoque de discapacidad, debido a que el conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de infraestructura de los locales educativos no contemplan las precisiones para priorizar el gasto en la adecuación de los servicios higiénicos y otros espacios para el uso de las personas que se trasladan en sillas de ruedas.

La funcionaria manifestó su preocupación porque el Ministerio de Educación (Minedu) no incorporó en la norma técnica del Programa de Mantenimiento para el año 2023, aprobada mediante Resolución Ministerial n.º 004-2023-MINEDU, la prioridad de la intervención en aulas, servicios higiénicos y espacios exteriores para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

En razón a ello, exhortó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) que proponga al Minedu la modificación de dicha norma técnica, a fin de que se cumpla con la Norma A.120 “Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores” del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Adicionalmente, indicó que el Pronied debe incorporar en el glosario de términos de la norma técnica del Programa de Mantenimiento para el año 2023 el enfoque de discapacidad para la identificación de barreras de accesibilidad y su eliminación para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, conforme se enuncia en la “Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030”.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando acciones permanentes de vigilancia, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.