Defensoría del Pueblo: implementación de la política educativa debe priorizar aprendizajes perdidos y reinserción de estudiantes

La Defensoría del Pueblo recomendó al ministro de Educación, Oscar Becerra, priorizar en la implementación de la política educativa medidas urgentes ante la pérdida de años en los aprendizajes y lograr la reinserción de estudiantes que salieron del sistema educativo, en particular durante el periodo de la emergencia sanitaria.

Antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, las cifras evidenciaban que el sistema educativo presentaba  brechas que afectaban el derecho a la educación de miles de estudiantes. Si bien la pandemia impactó seriamente en el país, en diversos campos,  en la educación ocasionó que las brechas se incrementen, como es el caso de los aprendizajes de estudiantes de escuelas públicas o el acceso y permanencia en la educación.

Así, en base a los datos oficiales del propio Ministerio de Educación (Minedu), se conoce que 1 de cada 4 estudiantes de nivel primaria y 4 de cada 10 estudiantes de nivel secundaria no alcanzaban los aprendizajes esperados a fines del año 2021. A su vez, de 149 000 estudiantes que abandonaron estudios en 2020, solo el 38.7 % (57 584) estaba matriculado al final del año 2021.

Otra preocupación institucional es aquella respecto de la capacidad de oferta del servicio educativo público para atender la alta demanda de la población escolar generada –en la mayoría de los casos por la crisis económica- al  requerir que niñas, niños y adolescentes sean trasladados de un colegio privado a uno público.

Al respecto, se obtuvo información sobre el periodo 2020-2021, en el cual migraron más de 513 000 estudiantes de colegios privados a instituciones educativas públicas. Por ello, las instancias de gestión educativa descentralizada, bajo la dirección técnica del Minedu, deben garantizar la disponibilidad de vacantes escolares, de infraestructura y mobiliario escolar, personal docente, materiales educativos e, inclusive, el servicio de alimentación a toda la población escolar de la educación básica en 2023.

Para la Defensoría del Pueblo no menos importante resulta que el Minedu atienda con prioridad la brecha de infraestructura escolar. A la fecha, la brecha ascendería a 138 000 millones de soles, cifra que supera largamente los 100 000 millones de soles establecidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, aprobado en 2017. Por ello resulta indispensable evaluar el desempeño del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), con la finalidad de reorientar y fortalecer sus esfuerzos, y así asegurar el cumplimiento de sus objetivos y finalidad.

Finalmente, la institución requirió que el Minedu, en coordinación con el Minsa, elabore estrategias eficaces para la debida protección y atención de la salud mental y física de niñas, niños y adolescentes que estudian en la educación básica, las mismas que deben ser aplicadas permanentemente y a través de los diferentes servicios complementarios a la educación, como son los programas de salud, alimentación y sociales que llegan a la escuela.

El bienestar emocional y mental de las y los estudiantes es fundamental para recuperar su salud integral y para estudiar sin pausa y alcanzar los aprendizajes esperados. Al respecto, en la comunicación dirigida al titular del sector Educación se precisó que desde la creación del portal SíSeve en septiembre de 2013 hasta noviembre de 2022, de los 51 957 casos de violencia escolar reportados, el 25 % se produjo durante la pandemia (2020-2022).

La Defensoría del Pueblo reitera a la ciudadanía que continuará ejerciendo su rol de colaborador crítico sobre la actuación de la administración pública, para ello supervisará el servicio educativo brindado en la educación básica, así como hará seguimiento de la implementación y evaluación de las políticas educativas que realice el Minedu. Finalmente, insta al ministro de Educación a considerar las conclusiones, observaciones y recomendaciones de la institución en cumplimiento del interés superior del niño.