Defensoría del Pueblo: Municipalidad Provincial de Maynas fue la entidad más quejada en Loreto en 2022

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto informó que en el año 2022, se recibieron un total de 2237 casos, 191 fueron interposición de buenos oficios, 1493 fueron consultas y 553 quejas vinculadas a la defensa de los derechos de la ciudadanía. Un total de 140 casos corresponden a las municipalidades y las demás a las 10 instituciones públicas más quejadas de la región figura la Municipalidad Provincial de Maynas.

Al respecto, el jefe de la sede defensorial, Abel Chiroque, indicó que la comuna de Maynas fue la más quejada en la región ante al incumplimiento de los plazos establecidos para entregar información pública, la omisión de respuesta a los pedidos de la ciudadanía, insuficientes acciones de fiscalización municipal para atender las quejas ciudadanas, así como la falta de recojo de residuos sólidos.

En segundo lugar se ubica el sector Educación, con 106 casos vinculados a la atención del servicio educativo, contratos de docentes, movimientos irregulares de personal, sobre todo en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Loreto-Nauta, en donde se reportaron más de 200 docentes contratados en esta dependencia que no acudieron a su centro de labores conforme a las plazas que les fueron adjudicadas. Esta situación generó una falta de atención en el servicio educativo, especialmente, en las instituciones de las comunidades nativas de la cuenca del río Chambira.

También es necesario mencionar las quejas recibidas de parte de madres y padres de familia por cobros indebidos durante el proceso de matrícula escolar. Estas irregularidades se reportaron en más de 14 colegios, como en la I. E. Sagrado Corazón y el Colegio Nacional Iquitos CNI, en los que se recaudaron S/71 000 y S/40 000, respectivamente; por lo que se recomendó la devolución de la suma de dinero a las madres y padres de familia, así como la supervisión de la UGEL Maynas.

En tercer puesto, se encuentran las dependencias del Gobierno Regional de Loreto, incluidas las gerencias regionales de Salud y de Educación, debido a casos sobre falta de personal de salud, desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos de salud y las irregularidades advertidas en la UGEL Putumayo, donde no se cumplió con el pago de remuneraciones a 360 docentes en la fecha prevista.

Además, en una labor conjunta con la Contraloría General de la República, se identificaron irregularidades en la adquisición de mobiliario escolar para las instituciones educativas del circuito petrolero, debido a que se había emitido la conformidad, pero se recibieron bienes que no cumplían con las especificaciones técnicas y, además, presentaban deterioro.

Del mismo modo, a inicios del año 2022, la oficina defensorial advirtió anomalías en la administración de ingresos de los residentes de los hogares protegidos en el distrito de Iquitos y Punchana. Con esta supervisión se logró la intervención de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.

Por otro lado, se intervino en el Hospital Regional para garantizar acceso a tratamiento de hemodiálisis, las alertas de las unidades de cuidados intensivos de los servicios de Pediatría y Neonatología, la falta de funcionamiento de la planta de oxígeno y el abandono del generador eléctrico, además se advirtieron irregularidades en la compra de lavadoras para el servicio de lavandería. Asimismo, se supervisaron los centros de salud de Mazán, San Antonio del Estrecho-Putumayo, Saramuro, Pucacuro, Trompeteros y Nauta.

El Ministerio Público y las comisarías también aparecen en el ranking de las instituciones más quejadas por casos vinculados al debido proceso y a la debida diligencia en casos de violencia. Del mismo modo, otra de las instituciones más quejadas fue el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en casos vinculados al derecho a la Identidad, especialmente en la restitución de la capacidad jurídica de una ciudadana que figuraba como fallecida en el sistema de esta institución, limitando el acceso al sistema de salud, a trámites y gestiones.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto considera que existe una agenda pendiente para las autoridades electas en la región, como la atención y gestión de los 30 conflictos sociales, así como la atención de la demanda histórica de las personas con discapacidad relacionadas con la accesibilidad arquitectónica y urbanística, y medidas que permitan la verdadera inclusión y respeto a sus derechos.

Igualmente, considera la necesidad de promover un trabajo conjunto en las acciones de respuesta frente a la violencia de género. Por tanto, se deben unir esfuerzos para la implementación de los equipos de respuesta frente a la violencia en las provincias y distritos de la región Loreto, tomando como referencia las supervisiones defensoriales a los centros de emergencia mujer (CEM), Defensa Pública, comisarías y el Ministerio Público no cuentan con la logística y con profesionales en psicología, trabajo social y derecho para atender a las víctimas.

Asimismo, señala que se promoverá la creación, convocatoria y liderazgo de las instancias distritales y provinciales de lucha contra la violencia es una obligación, por lo que en este 2023 solicitará que se cumpla con la política pública de lucha contra la violencia en todos los niveles de gobierno.

Finalmente, la Oficina Defensorial de Loreto reafirmar su compromiso en la defensa de derechos fundamentales de todas las personas.