Solicitamos al Tribunal Constitucional admitir a trámite demanda de la Defensoría del Pueblo contra ley que debilita funciones de la Sunedu

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional (TC) admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad, que presenta nuevos argumentos para analizar la validez de la Ley 31520, la cual debilita la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). De esta manera, se podrá abrir un nuevo debate público y participativo en donde se analice y discuta el derecho a recibir una educación universitaria de calidad para millones de estudiantes en todo el país.

Cabe recordar que, el 20 de diciembre, el TC emitió una nota de prensa en su portal web institucional para informar al público en general que había declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por varios congresistas de la República contra el texto de la Ley 31520, ratificando su validez.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha hecho saber formalmente al TC que nuestra demanda es distinta a la que presentaron los congresistas, pues en esta última solo se buscaba determinar si la norma era contraria a los fallos dictados por este órgano jurisdiccional y no abonaba mayores razones de fondo sobre su inconstitucionalidad.

En cambio, la institución defensorial ha desarrollado argumentos jurídicos que justifican que la precitada ley vulnera el derecho a recibir una educación universitaria de calidad, el deber del Estado de garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos sociales, y el contar con un órgano imparcial en decidir procedimientos administrativos, consagrados tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales. También, se ha resaltado que se desconoce que los artículos 118.3 y 119 le confieren competencia al Ministerio de Educación para asegurar a calidad de la educación universitaria.

Adicionalmente, se ha ofrecido cifras oficiales de la Sunedu, que acreditan los notorios avances que se han producido con la implementación de la Ley Universitaria, Ley 30220, los cuales permiten medir cuantitativamente el disfrute del derecho a recibir una educación universitaria de calidad y la progresividad de su implementación.

Finalmente, la Defensoría del pueblo realizará el seguimiento respectivo al trámite de esta demanda, dentro de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales de las personas.