Defensoría del Pueblo: en Apurímac, se mantienen 17 conflictos sociales en noviembre

La Defensoría del Pueblo señaló que, en noviembre, Apurímac mantiene los 17 conflictos sociales (8 % del total) advertidos el mes anterior (14 activos y 3 latentes), lo que la hace permanecer como la tercera región con mayor conflictividad en el país. Asimismo, se han advertido 5 casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales, que deben ser reconocidos para evitar su escalamiento y promover el diálogo.

Como se mencionó el mes anterior, 9 de los 14 conflictos sociales son del tipo socioambiental y 5 del tipo comunal. Asimismo, en 13 de los conflictos activos existen procesos de diálogo, mas no es así en 1 de ellos (el referido a la disputa por linderos territoriales entre las comunidades campesinas de Pumamarca y Asacasi). Sobre los 3 conflictos latentes, 2 son de tipo socioambiental y 1 es de tipo comunal.

Respecto a los casos de conflictos sociales activos, cabe indicar que, en 1 de ellos, se produjo la intervención de la Defensoría del Pueblo en noviembre. Se solicitó a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros información sobre la respuesta brindada a los dirigentes sociales del distrito de Chalhuahuacho. Asimismo, se informó que el 21 de noviembre, la Policía Nacional del Perú restableció el orden público en las zonas de bloqueo en Quehuira y Manantiales.

La Defensoría del Pueblo, en noviembre, también ha identificado 5 casos en observación, que podrían convertirse en conflictos sociales. El primero de ellos ocurre en Chalhuahuacho (provincia de Cotabambas), en donde la Asociación de Vivienda Los Manantiales señala presuntos incumplimiento de acuerdos de la empresa minera Las Bambas. El segundo caso en observación se advirtió en el distrito de Antabamba (provincia del mismo nombre), en donde comuneros del Anexo de San Juan de Vilcarana y mineros ilegales ocasionaron daños materiales al proyecto minero Azuca de la empresa Ares.

El tercer caso en observación está referido a la quema de instalaciones del campamento del proyecto minero Los Chancas de la empresa Southern Perú por mineros ilegales. La cuarta alerta es sobre los reclamos de la comunidad campesina Huanca a la empresa Anabi. Finalmente, el quinto caso en observación da cuenta de la exigencia de la plataforma de lucha del Frente de Defensa de los Intereses de Totora Oropesa – Antabamba a las operaciones mineras, como de la empresa minera Anabi.

Adicionalmente, de las 361 acciones colectivas de protesta registradas por la institución en noviembre, 11 de ellas se produjeron en el departamento de Apurímac. Ante ello, la Defensoría del Pueblo realizó la supervisión y las acciones de ayuda humanitaria correspondiente.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: