Defensoría del Pueblo: acontecimientos políticos de los últimos días impulsan aumento de acciones colectivas de protesta

Nota de Prensa n.° 937/OCII/DP/2022

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N.° 225, correspondiente al mes de noviembre de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 221 conflictos sociales registrados (161 activos y 60 latentes), la cifra más alta desde diciembre de 2013. Acontecimientos políticos de los últimos días dan lugar a un aumento de las manifestaciones de protesta.

Según el documento institucional, se registra excepcionalmente un escenario de protestas sociales en varias ciudades del país. Ciudadanas/os de diferentes localidades exigen el adelanto de elecciones generales y el cierre del Congreso de la República, situación que se agravó tras el golpe de Estado ordenado por el expresidente Pedro Castillo. Asimismo, un sector de ellos exige la aprobación de una nueva constitución política a través de la convocatoria a una asamblea constituyente, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y la libertad del exmandatario Castillo.

Es importante tener en cuenta que este no es un conflicto social en el que se planteen demandas sociales reivindicativas, sino que se trata de un conflicto de contenido fuertemente político. Los conflictos de estas características son excepcionales, pero cuando ocurren crean escenarios de alto riesgo para la población y de incertidumbre sobre la conducción del Gobierno.

Dado el carácter excepcional de este conflicto, lo que viene originando hasta el cierre del presente reporte movilizaciones en todo el país con niveles de violencia y vandalismo muy graves, la Defensoría del Pueblo ha dispuesto el despliegue de comisionadas y comisionados de sus 40 oficinas a nivel nacional para cautelar que las marchas se desarrollen pacíficamente, y que las intervenciones policiales se hagan dentro del marco de la ley. Lamentablemente se han producido hechos de violencia que han afectado a la población en general, a consecuencia de lo cual han fallecido 8 ciudadanos y hay un alto número de heridos entre civiles y policías, cuantiosas pérdidas materiales, lo que representa un costo social, económico e institucional muy grande para el país.

Respecto al mes anterior, se incorporaron cuatro nuevos conflictos sociales. Un caso se registra en Ayacucho, donde un sector de población en Huanta denuncia la actuación del Ministerio Público respecto a los presuntos responsables (menores de edad), del asesinato de un joven de 18 años de edad. Un segundo conflicto es protagonizado por el Comité Pro Asfalto de la carretera de Huancavelica – Yauli – Pucapampa (tramo I) del distrito de Yauli, que demanda la continuidad del asfaltado de la carretera a cargo de la China Railway Tunnel Group Co., Ltd. Sucursal del Perú.

En Piura se registra un nuevo conflicto que involucra a las organizaciones de pescadores artesanales de las provincias de Sechura, Paita y Talara que demandan la derogación de la Ley n.° 31622, Ley que fortalece la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales.

Se registra un caso resuelto este mes en la provincia de Sechura, en Piura, que involucra a ciudadanos de las localidades de Chusis y Miramar y a la empresa Gases del Norte del Perú (Gasnorp), las cuales llegaron a acuerdos bilaterales y no registran nuevas incidencias.

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (30 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (20) y Apurímac (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.3 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 67.1 %.

Del total de casos activos, el 66.5 % (107 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 82 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 82.2 % (88 casos) corresponde a casos socioambientales.

Producto de los enfrentamientos registrados en la provincia de Huanta, 16 civiles y 8 policías resultaron heridos. Los actos registrados cerca de la Unidad Minera Inmaculada en Ayacucho generó 2 civiles y dos policías heridos.

Se registraron 361 acciones colectivas de protesta en el mes de noviembre, ocho más que el mes anterior. Del total, el 46.8 % fueron plantones y el 20.2 %, bloqueos de vías.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 16 alertas tempranas (ver página 14 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 4 corresponden a casos nuevos, 6 son conflictos activos y 6 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: